El plan antiinflacionario que presentará el miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador tendría efectos negativos en términos de producción, lo que podría dar lugar a un mercado negro para satisfacer la demanda existente, aseguró JP Morgan en un documento de análisis.
La firma de servicios financieros explicó en el documento “¿Pacto de precios o control de precios?” que, con este nuevo plan, el gobierno buscaría una reducción de hasta el 20% en 24 productos domésticos de la canasta básica, desde productos procesados como el pescado y la leche en conserva, hasta alimentos crudos como la carne de vacuno y los huevos.
La dificultad de hacer cumplir la política en todo el país sería un obstáculo importante que podría limitar el éxito de la política y su rápida aplicación.
Esto debido a que, además del hecho de obligar a las empresas (sobre todo a las pequeñas y medianas con poco o ningún poder de mercado) a fijar los precios, podría ejercer más presión sobre sus márgenes después de dos años de escaso apoyo gubernamental durante la pandemia.
Según sus estimaciones, si el gobierno federal es capaz de llegar a un acuerdo y reducir los precios de los 24 productos en un 20% este año, el impacto en la inflación anual podría ser cercano a los 200 puntos base.
En su análisis, JP Morgan señala que si se aplica dicho plan, es poco probable que se logre un efecto completo ya que, además de los complejos detalles logísticos que requiere su aplicación, los efectos de arrastre ya están muy extendidos, y van más allá de la cesta básica.
Por ello, estiman que los precios se reducirán entre un 5% y un 10% en el mejor de los casos, lo que situaría la inflación a finales de año en niveles coherentes con las últimas encuestas.
Aunque se espera que en unos días Banxico revise al alza su previsión para 2022, entre el 6% y el 6.5%, plan que se anuncie podría modificarlo.
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Plan, más allá del control de precios
Un plan para apaciguar la inflación sostenida y generalizada debe ir más allá de una estrategia de control de precios, aseguró JP Morgan.
En su opinión, es prioritario llegar a un acuerdo con el sector privado para evitar que la producción, el empleo y el aumento de los precios en la economía informal se vean afectados.
Si el sector privado está de acuerdo en poner en marcha un plan con el gobierno, es necesario un pacto para suavizar las negociaciones salariales, anclando el crecimiento salarial tanto del sector privado como del público a las expectativas de inflación ex-ante (es decir, utilizando las previsiones del 4% – 4,2% del próximo año) en lugar de los niveles ex-post u observados.
Esta estrategia tuvo éxito en la década de 1990 y, si se aplicara ahora, reduciría significativamente los riesgos al alza de la inflación.
En ese sentido, la firma señala que los salarios mínimos también deben aumentar a un ritmo más lento que los ajustes del 20% de los últimos años, aunque reconoce la importancia de aumentar este indicador.
Estrategia subestima
Para JP Morgan, aún así, la aplicación de una política de precios en el contexto de las consideraciones de economía política podría dar lugar a una estrategia subóptima.
El 5 de junio, seis estados celebrarán elecciones a gobernador, y las encuestas sugieren que el partido gobernante, Morena, podría ganar en cuatro estados.
La política de precios que se anunciará mañana no debe ser diseñada para resolver problemas de corto plazo, sino que debe ser parte de una estrategia de largo plazo para evitar entrar en un bucle de retroalimentación negativa en la formación de precios.
Esta política no debe ser un sustituto del ciclo de subidas del banco central, sino un complemento para anclar con éxito las expectativas de inflación a corto, medio y largo plazo.
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