El presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova pidió desestimar las denuncias penales en contra de las consejeras y consejeros electorales que votaron por aplazar la revocación de mandato, ya que este tipo de denuncias se persiguen de oficio al ser servidores públicos.
A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, Córdova destacó que gracias a organizaciones civiles, actores políticos y académicos, e incluso gracias al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, se logró que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez rectificara y retirara la denuncia en contra de los integrantes del Consejo General del INE.
Sin embargo, recordó que las denuncias en contra de servidores públicos se persiguen y actualmente este proceso penal sigue su curso ante la Fiscalía General de la República (FGR).
“Ojalá pronto se enmiende el error y se desestimen esas denuncias sobre presuntos delitos claramente inexistentes y que evidentemente sólo tienen propósitos políticos”, enfatizó en una grabación en su red social.
El @INEMexico continúa cumpliendo con sus responsabilidades para la organización de la Revocación de Mandato, en acatamiento a sentencias y resoluciones de la SCJN y el TEPJF, y a pesar de la persecución penal que se pretende hacer de algunos de sus integrantes. pic.twitter.com/Zyz4HUq6mH
— Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) January 2, 2022
Para el también investigador de la UNAM, lo sucedido es grave ya que se traspasó una frontera que debería ser “infranqueable” y en la que se sustenta todo el arreglo democrático.
El consejero presidente acusó que se intentó usar el brazo penal del Estado para amedrentar y amenazar a miembros y órganos del mismo gobierno por el simple hecho de que piensan distinto.
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Revocación sigue en pie
En el video, el consejero presidente afirmó que como órgano institucional siguen cumpliendo con sus responsabilidades respecto a la consulta de revocación de mandato.
Destacó que el INE trabaja en la verificación de las firmas de apoyo de aquellos ciudadanos que promueven este ejercicio y afirmó que en las próximas semanas se sabrá sí se alcanzaron los requisitos legales para que posteriormente el órgano electoral emita la convocatoria correspondiente.
Para Córdova Vianello, los trabajos del instituto para organizar este proceso avanzan a pesar de no contar con los recursos presupuestales necesarios para organizar la revocación de mandato con las características y modalidades que exige la ley en la materia.
Recordó que por órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, el Consejo General acordó continuar con los trabajos y hacer un esfuerzo por tratar de incrementar el presupuesto hasta ahora reunido para realizar dicho ejercicio democrático.
Adicionalmente, Córdova enfatizó que el costo total de la revocación de mandato se cumpliera de acuerdo con lo que la ley exige sería de 3,800 millones de pesos.
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La polémica
El pasado 23 de diciembre el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, denunció ante la Fiscalía General de la República a seis consejeros electorales y al secretario ejecutivo del INE, por presuntamente coaligarse como servidores públicos “para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento o impedir su ejecución”.
La denuncia es por abuso de autoridad, coalición de servidores públicos y otros delitos en agravio del servicio público por incumplir los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.
El delito de coalición de servidores públicos se castiga hasta con siete años de prisión.
Los consejeros denunciados son el presidente del INE Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Dania Ravel, Jaime Rivera, José Roberto Ruiz y Beatriz Claudia Zavala.
