La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) notificó a Infraestructura Marina del Golfo (IMG), consorcio conformado por IEnova y TC Energy, que se encuentran en incumplimiento de las condiciones del título de concesión de suelo utilizado por el gasoducto Texas-Tuxpan “El Marino”, por lo que este podría ser revocado.
El título, que comprende 689 kilómetros de zona marítima federal y cuya vigencia expira el próximo año, pide a IMG que entregue anualmente al Gobierno Federal una garantía con un monto equivalente a un año de la contraprestación. La SCT ha dicho que este monto equivale a 7.5% del valor del bien autorizado, y que su garantía no ha sido cumplida por el consorcio.
“El contrato de transporte y los permisos de transporte que la CRE otorga tanto a CFE como a IMG son autorizaciones secundarias que son parte accesoria de la actividad licitada por CFE. Al ser una cuestión accesoria puede suponer un riesgo jurídico al contrato y a la autorización”, explicó Santiago Arroyo, abogado experto en el sector.
Arroyo dijo que la falta de pago de esta garantía, que fue reportada inicialmente por Reforma, no debería provocar una suspensión inmediata del título de concesión, y que las empresas involucradas deberían tener la oportunidad de ejecutar acciones de defensa legal.
“Lo que está sucediendo es una forma de amagar a IMG para obtener mayores ingresos en favor del Estado. Habría que revisar en concreto qué está ocurriendo, porque es difícil que empresas tan serias se arriesguen a omitir uno de los requisitos formales para llevar a cabo la operación del ducto”, destacó Arroyo.
En 2019, IMG y otros operadores de gasoductos a nivel nacional acordaron reestructurar las tarifas contempladas en sus contratos originales, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador los acusara de “leoninos”. Estas nuevas acciones se alzan como un esfuerzo más por mejorar la posición del gobierno federal en estas negociaciones, algo que IMG ya criticó el mes pasado.
Arroyo advirtió que las acciones de la SCT podrían ser una forma de adjudicar a CFE la operación del ducto, en una muestra de lo que podría pasar con las áreas discrecionales de la nueva Ley de Hidrocarburos.
“Al final del día pueden aplicar estas acciones, que aún pueden ser combatidas por actos legales, pero tienen que fundar todo desde el acto jurídico de origen que es el contrato nacido de la licitación. Entonces al final del día, IMG además de las vías de derecho interno tiene las vías internacionales, donde ganarían el juicio y provocarían que el gobierno federal tenga que pagar por perjuicios”, explicó Arroyo.
