La primera etapa de la reforma laboral aprobada en 2019 comenzó a implementarse este miércoles en ocho estados de la República y responde a un nuevo modelo de conciliación laboral.
Esta fase responde a la implementación de un nuevo sistema de conciliación: los nuevos tribunales laborales, en sustitución de la Junta Federal de Conciliación.
Los nuevos organismos son especializados, pese a que los funcionarios que serán conciliadores no están obligados a ser abogados, y dependientes del Poder Judicial.
A partir de este 18 de noviembre, operarán en Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas, para resolver casos tanto federales como locales; también inician en Hidalgo, sin embargo, solo responderán por ahora a casos federales.
También empezará a operar el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que dirigirá Alfredo Domínguez Marrufo y tendrá la responsabilidad de verificar los procesos de democracia sindical así como la validación de los depósitos de contratos colectivos.
El gobierno federal realizó este miércoles una ceremonia para dar el banderazo oficial a este sistema. En él participaron el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde.
Hoy inicia un proceso histórico en el mundo del trabajo. Después de años de espera y décadas de lucha, vemos implementada la primera etapa del Nuevo Modelo Laboral. ? https://t.co/57XQKBKOWh
— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) November 18, 2020
La reforma laboral de 2019 y el T-MEC
Con 120 votos a favor y dos abstenciones, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el 30 de abril de 2019 la reforma laboral, que contempla mayor democracia sindical, el establecimiento de tribunales laborales autónomos y nuevos estándares de contratación.
La aprobación en la Cámara Alta se dio un día antes de la clausura del periodo legislativo ordinario y apenas dos semanas después de que la Cámara de Diputados les turnara el proyecto, en un movimiento que fue catalogado como “irreflexivo y apresurado” por miembros de cúpula empresarial, como Coparmex, que aún dirige Gustavo de Hoyos.
Entre los artículos más criticados por la iniciativa privada, se cuentan aquellos que otorgan facultades a los sindicatos de estallar o concluir huelgas de manera unilateral, los que limitan las contrataciones individuales y los que dificultan su defensa legal en caso de conflictos laborales.
La aprobación de la reforma laboral en México fue una de las condiciones impuestas por el Congreso de Estados Unidos para discutir la ratificación del T-MEC, pacto comercial que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a partir del 1 de julio de este año.
Con la reforma constitucional de 2017 y los compromisos negociados en el anexo laboral del T-MEC, se obliga a establecer tribunales laborales independientes, el voto personal, libre y secreto sobre los representantes y los contratos colectivos, así como reglas justas para los recuentos sindicales, también exige garantizar que los trabajadores tengan el derecho de ratificar sus contratos.
“Algunos de estos cambios se propusieron desde el año pasado como parte de las leyes secundarias de la reforma laboral, con eso cumplimos lo que se pide en el compromiso de negociaciones del TMEC”, explicó en abril Eugenio Salinas, quien participó de las negociaciones.
