El Paquete Económico 2021 contempla la creación de un nuevo impuesto complementario al IEPS, que aplicará a las gasolinas y que podría ayudar al gobierno federal a tener una mayor recaudación si los precios de ésta se mantienen bajos durante el próximo año.
Debido a la negativa de la administración federal a subir los impuestos, esta nueva herramienta podría tener un gran impacto social, además de afectar los niveles nacionales de consumo de gasolina.
“Es un impuesto nuevo sin lugar a duda. Es un impuesto que sólo se va a usar si el precio de las gasolinas vuelve a bajar”, señaló Carlos López Jones, director de Consultoría en Tendencias Económicas y Financieras.
“Cuando bajaron los precios en Estados Unidos yo recomendé esa figura para estabilizar los ingresos fiscales. Esta figura hubiera ayudado a recaudar alrededor de 100,000 millones de pesos y eso hubiera ayudado mucho a las finanzas públicas”.
Este nuevo impuesto tendría además el doble propósito de servir como una red de seguridad en caso de que cayeran los precios mundiales del petróleo, pues esto impactaría también los precios de la gasolina y darían mayor margen de maniobra al gobierno federal.
Al igual que se hace actualmente con el IEPS, sería labor de la Secretaría de Hacienda realizar el análisis necesario para establecer el margen gravable de este “impuesto complementario”. Esta discrecionalidad podría ser una de las debilidades del nuevo impuesto.
“En el PFEF se refieren al ‘desbalance causado por las fluctuaciones del mercado de petrolíferos’, sin embargo, dejan abierta la posibilidad (de utilizarlo) ante cualquier otro desbalance, que pudiera ser inflacionario o deficitario”, señaló Santiago Arroyo, abogado especialista en el sector.
Arroyo calculó que, si bien el impacto en las ventas de combustibles no será catastrófico, sí será sustancial y podría llegar al 10 o 15%, y que el sector que sufrirá mayor impacto será el de los transportistas, que en época de aislamiento han representado una parte importante del consumo.
Los gasolineros sufrirán otro impacto a sus negocios en forma de la Norma 05 promovida por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la cual llevaba meses cocinándose para mejorar los controles de volumen en el despacho de combustible.
Según miembros del sector, esta normatividad obligará a las estaciones de servicio a modificar o incluso sustituir sus aparatos dispensadores, lo que representa inversiones millonarias.
Pues que nos van a regalar en @GobiernoMX, vía @Hacienda_Mexico en el #PEF2021 un lindo y sonoro #Gasolinazo pero disfrazado y maquillado.
Así como chica o chico de Tinder, cuando pasas por éste al Metro Chabacano, te llevas la desilusión de la vida.
Explico en breve ? pic.twitter.com/2wg4Q7hjjF— Santiago Arroyo (@SarroyoSi) September 9, 2020
“Cada dispensario oscila entre los 7,000 y 12,000 dólares. Esta norma obliga a cambiar todos los dispensarios y a hacer actualizaciones que cuestan entre 300 y 800 dólares por unidad”, explicó Arroyo.
Los nuevos requisitos se suman a la baja demanda de combustible para crear una gran presión financiera en las estaciones de servicio.
“Para nuestra mala suerte se junta con temas de pandemia. Hoy por hoy estamos muy afectados porque en este sector todo el gasto es fijo: yo gasto lo mismo vendiendo un litro que vendiendo 10”, señaló Ricardo Pereda, director de operaciones de Grupo PERC.
La entrada en vigor de la norma ya se había prorrogado poco antes del aislamiento provocado por la pandemia, y la Profeco ha dicho que no habrá más retrasos. Esta falta de flexibilidad ha provocado sus propias complicaciones.
“Donde (la aprobación de la ley) se detuvo mucho fue en la autorización de los nuevos equipos a los fabricantes de dispensatarios. Eso apenas está ocurriendo y no todos los fabricantes la tienen. Mi proveedor me comenta que no va a tener tiempo suficiente para surtir los equipos a todos sus clientes”, comentó Pereda.
Según la Ley de la Profeco, una violación a esta normativa podría provocar una multa de 750,000 pesos o incluso el aseguramiento y cierre de la estación, a criterio del verificador.
Pereda advirtió que estos nuevos requisitos podrían provocar el cierre de estaciones, y que algunas ya están optando por reducir su número de dispensadores, y mantener algunos equipos obsoletos clausurados para disminuir la inversión necesaria. “Se están semicerrando las estaciones”, dijo.
