Operadores de telecomunicaciones como Claro, de América Móvil; Movistar, de Telefónica, y Telecom Argentina, así como organismos y fabricantes de la industria de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se pronunciaron contra el decreto del gobierno argentino que congela las tarifas de los servicios.
El decreto, anunciado por el presidente del gobierno Alberto Fernández, declara como servicios públicos a la telefonía celular, internet y TV de paga, cuyas tarifas tendrán que permanecer sin cambios hasta que termine el año.
Si bien analistas de la industria vislumbraron el impacto para los principales proveedores de estos servicios en Argentina; las propias empresas, así como organismos del sector y fabricantes se sumaron en conjunto contra el decreto del gobierno argentino.
Semejante cambio de reglas intempestivo e inconsulto produce un profundo impacto negativo para todos los actores del sector TIC, inversores, cientos de miles de empleados en el país, en su cadena de valor y en toda la comunidad digital
señala el comunicado conjunto de la industria TIC
Ante este escenario, aseguran, se traslada la incertidumbre a los clientes acerca de la calidad de prestación de los servicios que reciban en el futuro.
En el documento, los jugadores de la industria aseguran que la norma ‘no deja de sorprender’ dado que siempre mantuvieron el diálogo con todas las autoridades, incluso para buscar alternativas que ayudaran a quienes más lo necesitan.
La justificación de la urgencia para el dictado del Decreto Nacional de Urgencia no corresponde a la realidad de los hechos, además resulta para la industria “resulta más que evidente que este cambio de reglas está poniendo freno a la industria TIC en Argentina, y abre un serio interrogante dado el antecedente del congelamiento de precios de la telefonía fija durante 15 años”.
La industria en su conjunto acusa que mientras otros países están buscando impulsar su desarrollo y sortear los efectos negativos de la pandemia, la medida dispuesta va en un sentido contrario “generando un marco de absoluta incertidumbre”.
En su explicación conjunta, jugadores y organismos señalan que la decisión del gobierno de calificar estos servicios como públicos es equivocada, sin ninguna necesidad y, menos, sin ninguna urgencia.
Sin embargo, la industria asegura compartir el objetivo de alcanzar la universalidad de acceso a todos los argentinos, como parte de una política pública de Estado en desarrollo, mientras que, en cambio, el servicio público es una regulación limitante que no implica obligaciones per se y además genera desequilibrios en la inversión y los accesos.
Decretar servicios públicos a internet, TV de paga y la telefonía celular NO garantiza el acceso a toda la población, y fundamentalmente busca intervenir en la gestión, eliminando incentivos para la innovación y la competencia
El decreto del gobierno argentino congeló las tarifas del telefonía móvil, internet y TV de paga hasta el último día de 2020.
