El presidente Andrés Manuel López Obrador y su grupo cercano continúan mostrando su desacuerdo con las reglas impuestas por la reforma energética y amenazando una posible contrarreforma que revolucionaría la operación en el sector energético, afectaría la capacidad del país de atraer inversiones e incluso podría ser el inicio de una serie de cambios constitucionales fuera de este sector.
“Está claro que a él ese asunto de que los privados participen en el sector en competencia con las empresas del estado simplemente no le gusta y no lo acepta”, señaló Rosanety Barrios, analista del sector. “Manuel Bartlett no le ha propuesto una tercera vía al presidente, y está claro que no lo va a hacer, por lo que se mantienen cerrados en la misma posición”.
La experta señaló que la actual situación económica mundial es un ponderable con el que la administración no contaba, pero que aún así podría continuar en su afán por pasar una reforma que no nos llevaría a una situación similar a 2012, sino “a los 80, porque en los 90 hubieron reformas que permitieron la entrada de privados al sector eléctrico, el gas natural y el gas LP, que ahora también es algo que está combatido”, dijo Barrios.
En estricto sentido, la actual administración podría impulsar contrarreformas de dos formas distintas: la primera de ellas es respetando todos los derechos adquiridos y los contratos y permisos firmados hasta el momento del cambio constitucional. La segunda, que no respetaría estas precondiciones representaría una expropiación de facto, y generaría la necesidad de compensar a los afectados.
Además de la presión económica para pasar los cambios, también existen obstáculos legales y políticos.
La #ReformaEnergética fue ilegítima (se aprobó con protestas y denuncias claras sobre lo que implicaba en cuestión de pérdida de soberanía).
Y si los legisladores no respondieron a intereses nacionales sino a sobornos, habría que discutir entonces su ilegalidad.
— Citlalli Hernández M (@CitlaHM) July 25, 2020
“El riesgo financiero, legal y económico es súmamente grande. Donde se pudieran generar cambios es a través de las reformas a las leyes secundarias”, explicó Santiago Arroyo, abogado especialista en el sector. “Ya lo intentaron hacer con la propuesta de Monreal del mega-regulador, sin tocar las leyes como tal. Las negociaciones serían muy duras, y un posicionamiento para hacer modificaciones a las leyes de la industria eléctrica o de hidrocarburos supondrían un encontronazo muy fuerte con las realidades del país”.
Barrios resaltó también que dentro del T-MEC existen cláusulas de protección a inversiones, además de cláusulas específicas que señalan la apertura comercial que debe existir entre los firmantes, reglas que México podría romper al cerrar la entrada a la competencia en el mercado energético.
Además lamentó que la lectura gubernamental siga culpando a los privados por los problemas a los que se han enfrentado las empresas estatales. Arroyo advirtió que, en el aspecto político, el cambio también es complicado de digerir. “Los comicios ya vienen y el tiempo se les viene encima.
La hegemonía política es muy relativa y, aunque apuesten a que van a ganar, también hay una oposición sin consensos debido a tanta confrontación y el Presidente puede no cargar una propuesta con todo y su inmensa mayoría”.
Finalmente, la experta advirtió la posibilidad de que estos posibles cambios sean sólo un ensayo para que la administración se enfrasque en proyectos más ambiciosos.
“Una de las cosas que ha dicho toda la vida, más allá de la reforma energética con la que nunca estuvo de acuerdo, es que busca una nueva constitución. Yo creo que pensar que el cambio constitucional se va a limitar a la reforma es francamente desconocer la propuesta de Andrés Manuel los últimos 20 años. Yo creo que busca un congreso constituyente para replantear la constitución”, dijo Barrios.
