Los caminos del proceso jurídico que enfrenta el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por los supuestos sobornos que recibió de la constructora Odebrecht apuntan al expresidente Enrique Peña Nieto.
Una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales aprobada hace menos de un año así lo permite.
Para mantenerse a salvo de las acusaciones que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR), el exfuncionario debe entregar pruebas contra el beneficiario final de dichos delitos. A esto se le conoce como criterio de oportunidad.
En la audiencia del 29 de julio, la FGR imputó los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita -lavado de dinero- y asociación delictuosa -crimen organizado- a Lozoya Austin, quien se declaró inocente de ambos cargos.
Sin embargo, su defensa alega que fue utilizado por un “aparato de poder” relacionado con “altas autoridades del Estado mexicano”.
Parte del dinero recibido, calculado en más de 10 millones de dólares (mdd) habría sido utilizado en la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, según Lozoya Austin, coordinador internacional de la misma.
A partir de ahora, el acusado tiene medio año para aportar las pruebas que sustenten su testimonio.
Esto es posible gracias a una iniciativa de reforma a la medida aprobada por el Congreso de la Unión el 8 de noviembre del año pasado. Antes de esa fecha, los delitos financieros no tenían acceso a la figura de criterio de oportunidad.
“Para el caso de delitos fiscales y financieros (…) únicamente podrá ser aplicado (…) en el caso de que el imputado aporte información fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución del beneficiario final del mismo delito”, establece la reforma al artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales aprobada en noviembre.
Todo apunta a que el aparato de justicia de la administración de Andrés Manuel López Obrador se enfocó en la persecución de Peña Nieto y sus colaboradores allegados, dice Salvador Mora, analista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“La cuestión de financiamiento de Lozoya puede develar la entrada de dinero en la campaña de Peña Nieto en 2012. Sería muy perjudicial para los políticos cercanos y para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el futuro inmediato”, comenta el entrevistado.
Lozoya, Robles, Duarte… y contando
José Fernández Santillán, académico y escritor sobre política mexicana advierte que la trama de corrupción dada a conocer desde 2017 implica también a Luis Videgaray Caso, quien fungió como coordinador general de campaña de Peña Nieto.
“La defensa de Lozoya Austin plantea que los delitos se cometieron desde la estructura de poder el sexenio pasado y que su cliente fue solo un ‘alfíl’. Los superiores en la campaña eran Videgaray Caso, el propio Peña Nieto como entonces candidato”, dice.
El entrevistado recuerda también el caso del exgobernador de chihuahua, César Duarte Jáquez, quien fue detenido el 16 de julio en Estados Unidos y desde ese país sigue un proceso de extradición.
El político expulsado del PRI es acusado de corrupción y malversación de fondos durante su gestión, que coincidió con la administración federal de Peña Nieto. Enfrenta 21 órdenes de aprehensión giradas por jueces penales de Chihuahua por acusaciones de peculado y desvíos multimillonarios de recursos públicos.
A nivel federal, se le imputan transferencias ilegales de dinero al PRI mediante descuentos no autorizados a servidores públicos y empleados del gobierno estatal.
Su detención se suma a una lista de exgobernadores priistas detenidos por la justicia en medio de escándalos de corrupción, como Javier Duarte y Roberto Borge y Tomás Yarrington, quien se enfrenta a la justicia estadounidense.
A esto se suma que Rosario Robles Berlanga se encuentra detenida en el penal de Santa Martha Acatitla desde mediados de 2019 por el presunto desvío de 5,875 millones de pesos (mdp) en el esquema conocido como Estafa maestra.
La exfuncionaria nunca ha formado parte del PRI, pero durante el sexenio pasado ocupó la Secretaría de Desarrollo Social de México de 2012 a 2015 y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México entre 2015 y 2018.
Julio Hernández fue el extitular de la Comisión de Atención a Víctimas que defendió a Rosario Robles
Todos estos señalamientos pondrán a prueba la capacidad de reinvención del PRI hacia las elecciones federales y estatales de 2021 y 2024, dice Salvador Mora.
“En un contexto electoral como el del próximo año me parece que es información valiosa para los contrincantes políticos del PRI. Veremos la capacidad del dirigente del partido, Alejandro Moreno Cárdenas para establecer alianzas con otras fuerzas que le permitan sobrevivir”, opina el experto.
El debilitamiento del PRI puede beneficiar principalmente a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y a la administración de López Obrador, prevé Fernández Santillán.
