La Comisión Federal de Electricidad (CFE) perdió un round en su lucha por evitar el pago de 225 millones de dólares a las empresas a cargo de construir la central Chicoasén II, cuya obra fue cancelada por conflictos políticos con líderes locales. La empresa ya había perdido un arbitraje internacional.
Benito Zurita Infante, juez del segundo juzgado civil, desechó la solicitud de la CFE. Las empresas son Caabsa, Omega, Dycusa, de origen mexicano; y Sinohydro, proveniente de China.
El arbitraje comenzó por las quejas de comunidades indígenas y problemas con supuestos líderes, mismos que, se presumen, fueron casos de extorsión a las empresas constructoras, dijo Santiago Arroyo, abogado especialista en el sector.
“Todo esto se manejó como problemas sociales con pobladores, lo que provocó que hubiera un incumplimiento en una situación parecida a lo que ocurrió en el gasoducto Tuxpan-Tula. La CFE se había comprometido a allanar el camino de la parte social y lo incumplió”, señaló Arroyo.
El incumplimiento de CFE provocó un paro en las labores por la falta de acceso al territorio en el que se pensaba construir la planta, lo que también trajo pérdidas considerables para el consorcio encargado de la construcción. Estas pérdidas, además de un bono por incumplimiento de contrato, están incluidas en los 225 millones solicitados a la empresa estatal.
La CFE todavía tiene la posibilidad de utilizar otros recursos para revisar las condicionantes de los contratos, pero Arroyo consideró que esto sólo retrasará el pago de las compensaciones y penalizaciones, que es prácticamente seguro que suceda.
A principios de este mes, México perdió también una apelación ante un tribunal de arbitraje internacional. Chicoasén II, que fue señalada como una de las obras estratégicas en los planes de CFE, todavía tenía asignado una inversión superior a 10,000 millones de pesos en el presupuesto de Egresos de la Federación 2019.
