La Comisión Europea dio a conocer este miércoles sus planes para tomar medidas drásticas contra aquellos regímenes de impuestos a sociedades que distorsionan la igualdad de condiciones del mercado único de la UE para acelerar la recuperación de Europa de la pandemia de COVID-19.
Los países de la Unión Europea intentan reforzar sus ingresos para financiar la recuperación de sus economías, en plena controversia pública en torno a la evasión fiscal por parte de las corporaciones y en particular de las multinacionales del sector digital, así como por parte de los ciudadanos ricos.
El órgano ejecutivo de la UE dijo que ampliaría su código de conducta fiscal para enfrentar a aquellos regímenes impositivos de algunos Estados miembros de los que se derivan efectos dañinos para el resto de los miembros del bloque.
El código de 1997 es el instrumento de la UE para establecer listas negras de aquellas geografías en las que la evasión fiscal es frecuente, habiendo llevado al desmantelamiento de unos 120 regímenes de ese tipo.
Actualmente, la UE sólo puede evaluar los regímenes “preferenciales”, por ejemplo, si un país aplica un tasa impositiva para las empresas nacionales pero utiliza una diferente para las internacionales.
Los planes anteriores de modificar las normas fiscales de la UE se han visto frustrados por el poder de veto de los Estados miembros, que permiten a un solo país bloquear las reformas en materia de impuestos.
Sin embargo, la Comisión dijo que explora opciones para eludir el sistema de veto, posiblemente con un artículo del Tratado Constitucional de la UE que permite que las decisiones en materia fiscal se adopten por mayoría si se distorsiona la competencia.
Los planes de la UE para recabar impuestos de los gigantes digitales sufrieron un duro golpe el miércoles, cuando el Tribunal General del bloque rechazó una orden de la Comisión para que Apple pagara 13,000 millones de euros en impuestos atrasados en Irlanda.
Es probable que los cambios en las normas fiscales de la UE todavía tengan que hacer frente a la oposición de aquellos Estados miembros que sostienen que las reformas podrían perjudicar a sus economías.
En mayo, la Comisión identificó seis países de la UE con sistemas fiscales que podrían ser utilizados por las empresas para desarrollar una planificación fiscal agresiva: Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y Países Bajos.
Una autoridad de alto rango de la UE dijo que el plan revelado el martes “no tiene nada que ver con señalar con el dedo a nadie”.
La Comisión también propuso que los órganos fiscales de los Estados miembros intercambien información de forma automática sobre los ingresos generados a través de plataformas como Amazon, Airbnb o Uber, en un intento por ayudar a los países a recaudar impuestos de las empresas digitales.
