Organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas especializadas en materia de contrataciones públicas se unieron para proponer una Ley General de Adquisiciones.
Esto, con el objetivo de propiciar contrataciones públicas íntegras y oportunas para dar mejores bienes y servicios públicos a la población mexicana.
La iniciativa incorpora mecanismos para generar mayor competencia y reducir los riesgos de corrupción en las contrataciones públicas para maximizar el valor por el dinero público.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en su labor de abogacía de la competencia, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), Transparencia Mexicana (TM), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y México Evalúa presentaron una propuesta de Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
La iniciativa de Ley de Contrataciones fue enviada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados para su discusión, en el marco del ejercicio de Parlamento Abierto que se desarrollará durante el mes de julio.
Dicha propuesta surge de un trabajo colaborativo entre estas instituciones con aportaciones de cada una desde su área de especialidad, señalaron los organismos en un comunicado conjunto.
Esta discusión es de especial relevancia considerando que, durante 2020, los gobiernos federal y de las entidades federativas podrían gastar más de 2 billones de pesos para la contratación de bienes y servicios, mismos que pueden contribuir a la recuperación económica y permitir la reactivación de empresas y negocios que ofrezcan las mejores condiciones de compra al Estado,
señala el comunicado.
En ese sentido, los distintos organismos sugieren que el gasto público puede beneficiar a micro, pequeñas y medianas empresas que generan más del 68% del empleo en el país, construyendo así una economía más incluyente.
“Para que las contrataciones realmente funcionen como un motor de recuperación económica es urgente renovar el marco normativo que las rige”, aseguran.
Por ello, la propuesta de Ley de Contrataciones plantea seis puntos centrales:
1) Desarrollo y creación de la Plataforma Nacional de Contrataciones Públicas y del Instituto Nacional de Contrataciones Públicas.
Establece una plataforma digital, completamente transaccional, y una estructura institucional que permita ordenar y consolidar un Sistema de Contrataciones Públicas a nivel nacional para abatir las complejidades de los múltiples sistemas en los ámbitos locales.
2) Establecer mecanismos para la evaluación de riesgos de corrupción en el proceso de compra, así como para la identificación y prevención de posibles conflictos de interés.
Mediante la implementación de sistemas de información estructurados, se facilita la identificación de riesgos de corrupción y de potenciales conflictos de interés u otro tipo de conductas que afecten la integridad de las contrataciones públicas.
3) Fortalecer las reglas para la planeación de las contrataciones públicas.
Se ordena que los procesos de planeación se realicen con base en la disponibilidad presupuestal e investigaciones de mercado completas; y que los procesos de contratación se realicen de manera oportuna y viable.
4) Introducir mecanismos para aumentar la competencia por los contratos.
Se limitan las causales para entregar contratos de forma directa, y se sanciona con inhabilitación, hasta por cinco años, a empresas que se coludan en concursos públicos.
Adicionalmente se hace obligatoria la declaración de oferta independiente, pertenencia a Grupo de Interés Económico e intención de subcontratación como requisito de participación en un proceso de contratación.
5) Tener controles para las “contrataciones de gran magnitud” y conceder mayor plazo para la investigación de mercado y presentación de ofertas.
La propuesta incorpora procesos específicos para la planeación, ejecución y vigilancia de estos procedimientos.
Se faculta además a la Cofece para emitir opinión previa vinculante sobre las propuestas, además de requerir a los participantes acreditar sus políticas de integridad corporativa.
6) Mejorar los mecanismos de vigilancia en la ejecución de los contratos.
Se establece la obligación de que los entes públicos registren en tiempo real el seguimiento de la ejecución de los contratos.
Asimismo, la puesta en marcha de auditorías externas e internas con base en riesgos, así como ampliar los alcances de la participación de testigos sociales y ciudadanos para monitorear el cumplimiento de las condiciones pactadas en los contratos.
El gasto público es un instrumento fundamental para impulsar el crecimiento económico tras la pandemia, siempre que se ejerza bajo estrictas condiciones de libre competencia, imparcialidad, integridad y transparencia
indicaron las dependencias.
La propuesta conjunta surge a partir de la manifestación de ciudadanos, legisladores y autoridades a favor de resolver los problemas y las oportunidades históricas en el sistema de contrataciones públicas.
Esto, con el objetivo de que se cumpla a cabalidad con los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez en los tres órdenes de gobierno.
