Las tres suspensiones provisionales al Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) otorgadas el lunes por un juez federal son solo el principio de la avalancha jurídica que se avecina para la Secretaría de Energía.
Las empresas afectadas se encuentran cooperando entre sí y compartiendo información para que la mayor cantidad posible de amparos individuales tenga éxito.
“Todavía estamos analizando temas de impacto y marco regulatorio. Estamos todos en comunicación viendo qué más podemos coordinar juntos, pero al final los amparos se tienen que meter por planta impactada, aunque esto no quiere decir que no haya unión”, dijo a EL CEO una fuente al interior de una de las compañías afectadas, que prefirió mantener el anonimato.
Explicó que el sector decidió que la comunicación a medios se dé a través de la Asociación Mexicana de Energía Eólica y la Asociación Mexicana de Energía Solar, para presentar una postura unificada y colectiva, y que las empresas no harán públicas las instalaciones afectadas hasta que estas sean reveladas por los propios procesos de transparencia de los amparos.
Incluso el listado de empresas afectadas por las medidas no es del conocimiento público.
Un monitoreo de EL CEO revela que entre las solicitudes de contratos de centrales eléctricas realizados este año se encuentran parques operados por ACCIONA, Univergy, Hunter Technology, Engie, Enel, FRV y Thermion Energy Services.
Los amparos otorgados el 18 de mayo en favor de FV Mexsolar XI, y de dos empresas cuyo nombre no fue revelado, fueron exitosos debido a la fundamentación y motivación de parte de Cenace, es decir la falta de elementos técnicos suficientes para defender el razonamiento del regulador, explicó Santiago Arroyo, abogado experto en el sector energético.
Durante los procesos legales en contra de los cambios a las reglas de los certificados de energías limpias, los afectados consiguieron que se diera una resolución firme por parte del juzgado, donde se exigía a los reguladores emitir los lineamientos conforme a derecho y agotando todas las formalidades de las disposiciones normativas y administrativas. En este caso, esto aún no ha ocurrido.
Estos amparos permiten una suspensión del acto reclamado que sólo beneficia al promotor del amparo, pero que no tiene efectos generales. “Para eso se requiere que se presenten más amparos, cosa que tengo entendido que está en proceso. No tengo el número de amparos, pero sí irán trascendiendo algunos otros en medios”, dijo Arroyo.
Los gobiernos de Canadá y Europa continúan con su deseo de reunirse con Rocío Nahle, secretaria de Energía. Para Arroyo, esta es una buena estrategia desde el punto de vista jurídico, pues “conocer la película completa te ayuda a reconocer posibles acciones legales y diplomáticas”.
El abogado señaló que aún es pronto para hablar de conflictos internacionales, pues es necesario conocer la flexibilidad de la postura mexicana y los posibles alcances de una negociación. Por esta razón aún hay tiempo para arreglar las cosas, aunque no mucho.
“Son una posibilidad enorme, basta con citar el asunto de los gasoductos, donde se estuvo al borde de una resolución más que desfavorable para México, pero la negociación y postura conciliadora de la IP jugó en favor del gobierno”, señaló.
