Un borrador de política pública reveló que la Secretaría de Energía pretende aumentar su control sobre la entrada en operación y el funcionamiento general de plantas de generación de energía con tecnologías renovables. El movimiento tendría un mayor impacto que el acuerdo que Cenace publicó la semana pasada, aunque su entrada en vigor no está garantizada.
“Sener está buscando tener un papel más agresivo y ser un planificador central del sistema eléctrico (…) pero ya hay un ente con una independencia parcial. Sener no tenía por qué meterse a definir los criterios específicos”, explicó René Narváez, Especialista en Mercado Eléctrico.
Narváez señaló que el acuerdo que el Centro Nacional de Control de Energía publicó la semana pasada abarca sólo una parte de los elementos contenidos en la propuesta de política de Sener, y que los temas restantes son más sensibles y de mayor impacto, pues no tiene limitaciones temporales y tiene una mayor posibilidad de debilitar la reforma energética.
El borrador no tendría razón de ser, explicaron analistas, debido a que ya existía una política de confiabilidad que no necesitaba ser sustituida ni replanteada solamente por las actuales condiciones del mercado.
El cambio podría obedecer a la ideología de “si no se hace desde arriba con un solo documento donde yo controle absolutamente todo entonces no sirve”, señaló Narváez, quien destacó además que existen varios documentos que conforman el andamiaje para garantizar el suministro eléctrico.
La propuesta también va en línea con el pliego petitorio de la Comisión Federal de Electricidad que se hizo público a finales del año pasado, dijo Julio Valle, vocero de la Asociación Mexicana de Energía Eólica y la Asociación Mexicana de Energía Solar.
“Los documentos filtrados nos permiten reiterar las intenciones que la CFE ha venido solicitando al gobierno para cambiar y adecuar el marco a modo para reducir la competencia y discriminar a las tecnologías renovables”, señaló Valle.
El vocero reveló también que ambas asociaciones han estado trabajando desde hace días para garantizar que los activos en los que la iniciativa privada ha invertido no tendrán una suerte de “expropiación de su valor”, y recordó que este tipo de acciones están prohibidas por los tratados comerciales de los que México es parte.
Santiago Arroyo, abogado especialista en el sector energético, confirmó que la acción legal internacional es una opción para los afectados por estos cambios potenciales. Además, dijo que existen elementos dentro del documento que no son competencia de Sener.
“En caso de que la Sener y el DOF publiquen y hagan vigentes estas políticas, la misma constitución concede a los involucrados la oportunidad de defendernos. El mecanismo de defensa sería un amparo indirecto”, explicó Arroyo.
Diversos medios han reportado que la secretaría habría intentado publicar la propuesta en el Diario Oficial de la Federación, pero que Secretaría de Gobernación habría rechazado la propuesta debido a que el texto no había pasado por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
Este retraso en su publicación daría más tiempo a los entes involucrados para planear una defensa legal como base de un amparo, explicó Arroyo, pues cualquier protesta debe ser escuchada cuando mucho 15 días después de la publicación oficial de una propuesta.
Las trabas que Sener habría enfrentado para publicar su propuesta en el DOF, y la disposición de la iniciativa privada para pelear contra los cambios, no vaticinan un final positivo para el texto. “Fue excederse en todos los sentidos”, consideró Narváez.
