La Secretaría de la Función Pública (SFP) llamó a los titulares del gabinete del gobierno a reducir por lo menos 50% del gasto asignado a servicios generales y de operación, como lo instruyó el presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Conforme a la política de la llamada austeridad republicana, la medida busca liberar recursos para atender la emergencia que vive el país por la pandemia del COVID-19.
Para un mejor uso del presupuesto público, las áreas de administración y finanzas no deberán realizar pagos por servicios que no hayan sido contratados hasta ahora, ni comprometer recursos adicionales en rubros no sustantivos, indicó la Secretaría en un comunicado firmado por la titular Irma Eréndira Sandoval.
Las medidas no aplican para las áreas de Salud, Fuerzas Armadas y Guardia Nacional que atienden la emergencia sanitaria y las que dan continuidad a los proyectos prioritarios del gobierno.
El domingo pasado, el presidente López Obrador dijo en un informe trimestral que, para financiar el plan emergente para combatir los efectos del COVID-19 en la economía, sin aumentar impuestos ni decretar gasolinazos se recurrirá a los ahorros del FEIP y los recursos que se mantenían guardados en fideicomisos.
También nos apoyaremos en la banca de desarrollo pero, sobre todo, se seguirá con la misma política de liberar recursos porque continuará incluso con mayor rigor el plan de austeridad republicana
dijo el presidente López Obrador.
Indicó que, a diferencia de otras épocas, cuando se le pedía al pueblo fajarse el cinturón, ahora es el gobierno el que se está apretando el cinturón.
La SFP señaló que los entes públicos deberán abstenerse de afectar negativamente los derechos sociales de los mexicanos, y deberán enfocar las medidas de austeridad republicana preferentemente en el gasto corriente no prioritario y evitar reducir la inversión en la atención a emergencias y desastres naturales o provenientes de la actividad humana.
La Secretaria recordó que, de acuerdo con la ley, la Función Pública tiene la facultad de vigilar y fiscalizar la gestión gubernamental de los entes públicos, y en caso de encontrar violaciones a las medidas de austeridad republicana, se podrán iniciar los procedimientos que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
