La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, canceló el pago de una deuda de 2,145 millones de pesos que tenía con Grupo Danhos y Grupo Copri por el desarrollo del parque La Mexicana, un adeudo que proviene de documentos contradictorios.
El parque La Mexicana, uno de los nuevos iconos de la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México, vio la luz gracias a un Sistema de Actuación por Cooperación (SAC) que se basa en la cooperación entre gobierno, iniciativa privada y sociedad civil para generar proyectos de gran calado con algún beneficio social, los cuales han dejado más huella por opacidad y discrecionalidad en los procesos.
Nuestra evaluación en términos generales es que es un SAC (el de La Mexicana) que lamentablemente como muchas de las otras acciones de fomento al desarrollo inmobiliario que se dieron en la administración pasada, ocurrieron con muy poca transparencia y sin llevar a cabo procesos de competencia
dijo en entrevista Gabriela Alarcón, directora de la organización ciudadana Desarrollador Confiable
En un análisis elaborado por la organización, encontraron que los documentos de constitución del SAC, La Mexicana tenía cláusulas contradictorias que abrieron la puerta al reclamo de la deuda.
El documento de Bases de Coordinación del acuerdo, fechado al 7 de octubre del 2016, indica que el instrumento tenía como principal objetivo la construcción del parque público “y el desarrollo urbano sostenible de la zona”.
Para consolidarlo, la Secretaria de Desarrollo Urbano y de Vivienda (Seduvi) coordinaria la elaboración del plan maestro. Se acordó la constitución de un fideicomiso privado entre Seduvi, la Asociación de Colonos Zedec Santa Fe (actuales administradores del parque y quienes propusieron las construcción del parque según sus dichos) y los dos privados.
Uno es inmobiliaria Copri, dirigida por Alejandro Ballesteros, quien construye entre otras cosas vivienda de lujo con gran presencia en Santa Fe. El otro es Grupo Danhos Comercial, que desarrolla principalmente centros comerciales, como Las Antenas en Iztapalapa, y es sponsor de Fibra Danhos.
La empresa es encabezada por Salvador Daniel Kabbaz, quien también fue presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI).
Tanto la parte privada como el gobierno capitalino aportarían terreno para el megaproyecto. A cambio se re-lotificarian los predios para poder incluir en las 41.5 hectáreas un máximo de 30% de construción de vivienda y usos mixtos, mientras el 70% restante sería del parque público.
Para que resultara atractivo, el gobierno de CDMX daría facilidades administrativas para agilizar la construcción, entre las que se encontraban la emisión de un solo estudio de impacto ambiental por los más de 300,000 metros cuadrados de obra y sus diferentes usos y que la construcción del parque público fuera considerado como las medidas de mitigación de los desarrollos comerciales y de vivienda, medidas de mitigación que son obligatorias para los proyectos de alto impacto.
Sin embargo, en el documento de Acuerdo de Constitución del SAC, firmado por los mismos involucrados sólo con siete días de diferencia, incluía en una de las cláusulas una valuación y compensación por las obras.
Esa claúsula, es la que en opinión de Gabriela Alarcón abrió la puerta al reclamo de los 2,000 millones de pesos.
“En el mejor de los casos en la administración pasada no hubo claridad en cómo se iba a considerar y quien iba a pagar estas obras; en el peor de los casos, hubo un arreglo mañoso, actos indebidos y hasta corrupción de algunos de estos funcionarios y quizá de estos desarrolladores para que se les pagaran estas obras que eran parte de sus responsabilidad” comentó la co-fundadora de Desarrollador Confiable.
El resarcimiento del costo de la obra habría resultado un negocio redondo para los desarrolladores y un cargo injustificado a los contribuyentes de Ciudad de México, por lo que la organización califica de adecuada la decisión de la Jefa de Gobierno.
Acabamos de firmar después de haber hecho un avalúo muy minucioso, que llevó mucho tiempo, que en efecto no hay que pagarle nada por parte del gobierno de la ciudad a los desarrolladores
dijo Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa.
El parque tiene una afluencia anual de dos millones de visitantes, dijo a EL CEO Itziar De Luisa, presidenta de la Asociación de Colonos Zedec Santa Fe.
El nuevo acuerdo incluyó la autorización de construcción de una tienda subterránea ubicada en la segunda sección del parque, es decir que el plan maestro se mantiene sin cambios dijo De Luisa; lo cual en opinión de la especialista Alarcón cierra la puerta a un futuro litigio en reclamo de la deuda.
Pese a que observan una intención por disminuir la corrupción en el sector, las pugnas entre gobierno e industria privada han mermado la confianza y disponibilidad de invertir de algunos desarrolladores a lo que se suma la caída de la industria.
En el tercer trimestre del año, el Índice de Productividad de Empresas constructoras retrocedió 3.1% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, según los datos del Inegi.
“Si vemos que los tiempos para obtener permisos se han incrementado de manera preocupante y vemos que los inversionistas están siendo cautelosos o invirtiendo en otros lugares donde no se requieren tantos permisos”, comentó Gabriela Alarcón.
Aunque considera que se debe apelar a mayor transparencia en las instituciones para que tanto ciudadanos como gobierno y empresarios identifiquen a los que caen en malas prácticas y sean sancionados, ya sea por autoridades o por el mismo mercado.
EL CEO buscó a Grupo Copri y Danhos, sin embargo hasta el cierre de la investigación no se concretó la entrevista, ni emitieron comentarios al respecto.
Un instrumento opaco
Los SAC se convirtieron en un instrumento de gestión urbana frecuentemente utilizado durante la administración del ahora senador Miguel Ángel Mancera.
Solo entre 2015 y 2017 se constituyeron siete de estos, denominados Granadas, Doctores, La Mexicana, Distrito San Pablo, Tacubaya, Alameda/Reforma y Tarango que suman más de 1,500 hectáreas, todos con resultados cuestionables, según indica la Auditoría Superior de la Ciudad de México.
En el informe individual 2018 sobre Seduvi, el organismo evaluó el desempeño de la dependencia durante la conformación de estos instrumentos.
Las observaciones incluían que en algunos casos, los privados no habían entregado la documentación necesaria, lo cual no había impedido la constitución de los acuerdos y en otros casos no se había documentado el pago de contribuciones de los empresarios, en escencia los funcionaros incumplían códigos y manuales de operación de la dependencia.
Entre las recomendaciones que hizo la Auditoría señaló como necesario que Seduvi implemente “mecanismos de control y supervisión para asegurarse que al autorizar la adhesión de un proyecto, se cuente con la documentación soporte que acredite el cumplimiento de la totalidad de los requisito”.
Además de asegurar que los recursos aportados por los desarrolladores se apliquen en proyectos destinados al beneficio para el desarrollo urbano de la Ciudad de México.
