La demanda que Schlumberger estaría preparando en contra de Pemex en el estado de Nueva York podría tener como consecuencia una pausa temporal en algunos de los campos de la empresa, una baja en la calificación de la compañía e incluso una afectación a la calificación soberana del país, explicaron expertos.
Schlumberger es la empresa encargada de suministrar equipo de perforación para las operaciones de upstream de la petrolera mexicana, ambas compañías han tenido una fructífera relación a través de los años, pero ahora Pemex ha sido acusada de deber más de 10 meses de renta, lo que podría provocar las acciones legales que ya se han insinuado.
“Después de varias gestiones de pago [Schlumberger] puede recurrir a su cláusula de exigibilidad de pago, la que le faculta llevar el proceso al ámbito judicial a través de los tribunales de Estados Unidos”, señaló Santiago Arroyo, abogado experto en el sector.
Arroyo explicó también que el anuncio público de una posible demanda puede funcionar como una maniobra extrajudicial para motivar a la empresa deudora a llegar a un acuerdo. Si la demanda siguiera adelante, Pemex quedaría emplazado para responder a la misma o presentar una garantía de pago.
“Estas pueden ser bienes, pozos o cualquier activo. Ahí viene el problema con las calificadoras, que tener que ceder la producción de un pozo es un riesgo muy grande para Petróleos Mexicanos”.
El descontento del proveedor no necesariamente significa que se llegará a un juicio, pues el proceso de arbitraje permite a ambas partes negociar un acuerdo, si así lo desea el demandante. En caso de que no se pueda llegar a un acuerdo, Pemex tendría que enfrentar el procedimiento con amplias posibilidades de perder, explicó Paul Sánchez, director de Ombudsman Energía México.
“Con sus destinos entrelazados, México y Pemex enfrentan riesgo de baja de calificación en 2020”.
With fates intertwined, Mexico and Pemex face downgrade risk in 2020 https://t.co/uVaOW5GFIa pic.twitter.com/3jHo7YyYA4
— Reuters (@Reuters) January 3, 2020
Una derrota obligaría a Pemex no sólo a pagar la deuda existente, sino los gastos de defensa e incluso actualizaciones del monto. Un proceso legal además enviaría la señal de que Pemex carece de seriedad como cliente.
Otro problema de un eventual proceso judicial sería el “maquillaje de cifras” del que se ha acusado a Pemex. Arroyo señala que las cifras de producción de la petrolera no concuerdan con las de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Banco de México o Hacienda, y que Schlumberger podría exigir a Pemex que declare su producción bajo protesta de decir la verdad.
Cualquier discrepancia con las cifras declaradas podría causar un downgrade automático y un proceso judicial de perjurio contra los representantes de la empresa, además de fuertes multas monetarias de la SEC. Estas acciones podrían contagiar a la calificación soberana debido al peso que la actual administración ha dado a la producción de petróleo en la economía nacional.
El proceso legal traería como primer consecuencia inmediata el fin de la relación profesional entre Schlumberger y Pemex, ya que Pemex no puede emitir contratos adicionales a un contratista que la demanda. En caso de que Schlumberger resultara beneficiada por el proceso, Pemex podría ver embargadas sus cuentas o activos internacionales hasta que se complete el pago.
De acuerdo con Sánchez, la problemática comenzó debido a la falta de experiencia de los directivos de Pemex, ya que el dinero sí salió de Hacienda, pero Pemex quiso detener los pagos hasta que se recuperara la situación económica de la empresa.
Esto “pone en riesgo los avances de los trabajos programados y [Pemex] queda sin un proveedor fuerte que permita a la empresa avanzar en su programa”.
