La Cámara de Diputados aprobó abrir un juicio político contra Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, por La estafa maestra, informó este miércoles Rocío Barrera Badillo, diputada de Morena.
La presidenta de la Comisión de Gobernación y Población dijo a través de su cuenta de Twitter que esta resolución aplicará para todos los funcionarios que “no hayan cumplido con sus obligaciones” y la calificó como un suceso histórico que “ abonará a la erradicación de la impunidad en México”.
Durante la 5a Reunión Ordinaria de la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos, se determinó procedente la resolución para iniciar Juicio Político contra @Rosario_Robles_, por las irregularidades detectadas en la denominada "Estafa Maestra". (1/2) pic.twitter.com/jWIuLEfwiX
— Rocío Barrera Badillo (@Rocio_BarreraB) November 27, 2019
El inicio del proceso contra la también exsecretaria de Desarrollo Territorial y Urbano en el sexenio de Enrique Peña Nieto se dio a conocer tras la quinta reunión ordinaria de la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos de la Cámara baja.
Robles Berlanga comenzará el inicio del juicio político en prisión, toda vez que un juez de control determinara el 22 de octubre que la exfuncionaria permaneciera en prisión preventiva por presunto uso indebido de la función pública.
Actualmente la exjefa de gobierno de la Ciudad de México se encuentra recluida en el Penal de Santa Martha Acatitla, a donde ingresó en agosto, por determinación del juez Jesús Delgadillo Padierna.
Está involucrada en un presunto desvío de 5,875 millones de pesos conocido como La estafa maestra, que fue revelado mediante una investigación periodística publicada en septiembre de 2017.
Según investigaciones de la Fiscalía General de la República y de la Auditoría Superior de la Federación, el esquema de corrupción implicaría a más de una decena de dependencias federales, entre ellas las dos que encabezó Robles, a través de la simulación de contratos con instituciones educativas.
La fiscalía asegura que Robles sabía que en ambas dependencias funcionarios a su cargo cometían irregularidades en la contratación directa de entes públicos, pero que no hizo nada para evitarlo ni lo informó al expresidente Peña Nieto.
El juicio político que ahora enfrentará puede terminar en febrero y le puede costar una inhabilitación del servicio público por más de 10 años, de acuerdo con declaraciones de Barrera Badillo recogidas por Milenio.
