La iniciativa que avanza en la Cámara de Diputados para reducir el periodo de duración de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y el presupuesto que recibe el organismo puede afectar el orden de las elecciones federales de 2021.
“Esta reforma pondrá desorden a la organización de las elecciones de 2021, y quizás también a las posteriores. Simplemente basta saber que si se aprueba, el próximo consejero presidente no tendrá la experiencia de haber dirigido otros comicios”, dice Arturo Sánchez, quien fue consejero electoral entre 2003 y 2010 y entre 2014 y 2017.
La propuesta que fue presentada por el diputado morenista, Sergio Gutiérrez Luna, implica modificar el artículo 41 de la Constitución para reducir de nueve a tres años la presidencia del Consejo General del INE. También establece una reducción al presupuesto que recibe el órgano.
Fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales el 9 de noviembre, por lo que se espera que llegue al Pleno de la Cámara baja en las próximas semanas para su discusión y posible aprobación.
Cuenta con el respaldo del grupo parlamentario de Morena, que posee la mayoría de las curules, así como del Partido Verde Ecologista de México, del Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social, por lo que se prevé que la reforma avance sin problema.
Si se aprueba, su aplicación tendría efecto inmediato, lo que implicaría sustituir a Lorenzo Córdova, actual consejero presidente del instituto, y dejaría al ente con la mitad de los recursos para organizar las elecciones de 2021.
Ese año se realizarán comicios para renovar a la Cámara de Diputados, mientras que Baja California Sur, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas votarán por un nuevo gobernador.
“Dos cambios tan drásticos al interior del INE tendrán consecuencias en las elecciones de 2021, pero también es necesario recalcar el instituto debe eliminar la dilapidación de recursos”, opina Eduardo Huchim, especialista en materia electoral.
¿Gasto injustificado?
La iniciativa de Gutiérrez Luna plantea reducir el periodo de nueve a tres años para el presidente del INE y se aplicaría a partir de la elección de cuatro nuevos consejeros, programada para abril de 2020.
Removería de la presidencia a Lorenzo Córdova, quien fue electo para ocupar el cargo en 2014 y debería concluir su gestión en 2023. Su sucesor sería elegido por la Cámara de Diputados.
El objetivo de la reforma, según Gutiérrez Luna, es evitar la concentración de funciones en una sola persona por un periodo de nueve años y así “refrescar” la forma en que se atiende la agenda electoral, así como las prioridades del instituto.
Sin embargo, la iniciativa no justifica por qué tres años es el periodo “ideal” para el cargo, ni tampoco dice cómo se llegó a esa determinación, indica Arturo Sánchez. “En materia presupuestaria tampoco se explica la reducción del 50%”, dice el exconsejero.
Para el ejercicio fiscal de 2020 el INE solicitó un presupuesto de 12,489 millones de pesos (mdp) para credenciales de elector, actualización del padrón electoral, para las juntas locales y distritales, tecnología, la renta de inmuebles, las elecciones locales de Hidalgo y Coahuila, entre otros gastos.
Lorenzo Córdova y otros funcionarios del INE han criticado con fiereza el documento de Gutiérrez. Señalan que la reforma dañaría la democracia, le restaría autonomía a la autoridad electoral y que la reducción de presupuesto comprometería su funcionamiento.
Sin embargo hay quien ve justa la reducción del dinero que se le destina al INE.
“Tradicionalmente el INE ha recibido recursos por encima de sus requerimientos, lo que esto origina las llamadas ‘compras locas’ para gastarse el dinero sobrante. En 2017 cerró con un sobrante de 441 mdp y al final ese dinero se gastó de manera urgente para que no hubiera una reducción al presupuesto en el siguiente periodo”, opina Huchim.
Partidos afectados
La reforma también significaría una reducción importante al dinero que reciben los partidos políticos: el documento propone reducir a la mitad el financiamiento público que se les otorga.
Así, justifica la bancada de Morena, se liberarían más de 2,500 mdp del proespuesto público que podrían destinarse al gasto en obras o programas sociales.
Aunque también tiene otras implicaciones para los partidos, como la cancelación de la obligación de tener un padrón de militantes y una estructura orgánica pública, así como el perdón o la eliminación de multas económicas.
El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, deslindó a su partido de la propuesta y ha señalado que se trata de una idea de Sergio Gutiérrez.
Sin embargo, esta reforma ayudaría a cumplir la promesa de reducir el dinero a los partidos políticos que realizó Andrés Manuel López Obrador durante su campaña presidencial en 2018.
