Detrás del banco de datos de ADN que propuso Claudia Sheinbaum al Congreso de la Ciudad de México se oculta un riesgo que amenazaría la privacidad de los miles de policías, reclusos y funcionarios de seguridad que estarían en el padrón de identificación genética: la capital carece de legislación en materia de bancos genéticos.
La falta de un marco legal que garantice la seguridad del resguardo y operación de la base de datos propuesta por la jefa de gobierno mantendría latente la posibilidad de una fuga de información que comprometa la identidad de los implicados en los casos de delitos sexuales, secuestros y feminicidios.
El caso más grave sobre mal uso de información personal extraída de fuentes oficiales sucedió en abril de 2016, cuando un usuario de Estados Unidos descubrió que durante varios días estuvieron disponibles de manera gratuita en Amazon los datos personales de los 93 millones de votantes que estaban en el padrón del Instituto Nacional Electoral.
Pero además del derecho a la privacidad, el acceso a los datos almacenados en el banco genético propuesto puede violar también la presunción de inocencia de una persona implicada en alguno de los delitos que contempla la iniciativa, explica Daniel de la Barrera Escamilla, especialista en genética forense de la Sociedad Mexicana Forense.
Una base de datos de este tipo no debe funcionar sin un marco legal que deja lugar a interpretaciones subjetivas sobre su operación. Se necesita una infraestructura independiente para trabajar específicamente con un banco genético
, dice De la Barrera.
Alexa Villavicencio Queijero, académica de Ciencia Forense en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) coincide en la necesidad de una regulación previa y agrega que esta se debe dar a escala nacional y no solo en la Ciudad de México.
Iniciativa en el ‘horno’
Sheinbaum presentó el 24 de septiembre una iniciativa de ley para crear el banco de ADN para uso forense con el propósito de mejorar el acceso a la justicia a las víctimas de secuestro, feminicidio y de delitos sexuales, según explicó la mandataria capitalina en un videos en Twitter.
“Es una herramienta innovadora de la ciencia Criminalística que estamos orientando a la protección de las mujeres y que permite trazar información biográfica y genética, identifica al agresor, pero sobre todo su reincidencia”, explica Sheinbaum en dicho video.
Buen día. Como me comprometí, para fortalecer la estrategia de erradicación de la violencia hacia las mujeres, hoy envié al Congreso Local la iniciativa de Ley para la Creación del Banco de ADN para uso Forense. pic.twitter.com/HTNy84eJ4v
— Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 24, 2019
La base de datos estaría formado por personas detenidas, procesadas y sentenciadas por delitos sexuales y secuestro; servidores públicos que involucrados en la seguridad y procuración de justicia; prestadores del servicio de Seguridad Privada; integrantes del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia; y la jefa de Gobierno.
La iniciativa también establece que el banco de datos estaría a cargo de la Fiscalía General, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno federal y la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y que todo dato que se encuentre en él debe estar protegido por encriptación digital.
Sin embargo, De la Barrera cree que las consideraciones de seguridad que presenta la iniciativa son endebles, ambiguas y dejarían expuesto al banco a una mala utilización. “Están haciendo las cosas al revés. Para garantizar que eso no suceda primero se debe crear una ley que regule los bancos genéticos”, propone.
Chihuahua es el único estado que cuenta actualmente con legislación sobre el manejo de bancos genéticos. La Ley Reguladora de la Base de Datos Genéticos de ese estado entró en vigor a mediados de 2010 debido al aumento de feminicidios y delitos sexuales, principalmente en Ciudad Juárez.
Rezago internacional
Los bancos de ADN con fines forenses datan de varias décadas en otros países. De hecho, en la Unión Europea la mayoría de los miembros poseen bases de datos genéticos y leyes nacionales que rigen la creación, mantenimiento y uso de ellas.
También algunos países en América Latina han avanzado propuestas de este tipo en los últimos años. Brasil promulgó en 2012 una ley para recolectar material genético y elaborar así un banco de perfiles genéticos a nivel nacional.
Un año antes, Uruguay creó su Banco Genético de la Dirección Nacional de Policía Científica, en donde resguarda 18,000 perfiles de ADN, según reportes periodísticos de ese país. Chile es otro país que tiene una herramienta forense de este tipo.
Pese a que México no cuenta aún con esta infraestructura “a gran escala”, existe tecnología para “no comenzar desde cero” la elaboración de un banco de ADN, explica Villavicencio Queijero.
Las autoridades mexicanas cuentan con cuatro laboratorios con capacidad para elaborar perfiles genéticos que se pueden extraer a través de células bucales, sangre o cabello: el de la Fiscalía General de la República, el de la Procuraduría General de Justicia capitalina, el de la Policía Científica y el del Instituto de Ciencias Forenses.
El banco de ADN estaría formado por al menos los 88,353 elementos policiacos que tiene la Ciudad de México, según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales.
También consideraría a los presuntos implicados en 4,529 carpetas de investigación sobre delitos sexuales, feminicidio y secuestro, según los datos de enero a julio de este año del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El costo estimado por la elaboración de cada perfil genético para la elaboración de esos 92,882 perfiles sería de 325 millones de pesos, si se toma en cuenta que cada uno requiere una inversión aproximada de 3,500 pesos, explica De la Barrera.
