En un intento para revitalizar a Pemex, otrora la gallina de los huevos de oro, el gobierno presentó un arsenal de capital e incentivos fiscales que, si bien es positivo para la empresa, puede presionar las finanzas públicas en momentos de bajo crecimiento, aunado a que no presentó la parte financiera que da certidumbre a los participantes de los mercados.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y el director de Pemex, Octavio Romero, delinearon el martes la parte operativa del plan de negocios de la petrolera. Sin embargo, no hubo una presentación de un balance financiero que indique cómo pagará la deuda y generará una utilidad.
Aún hace falta conocer el balance financiero, esta parte operativa está bien, pero no da certeza a los financieros y las agencias calificadoras. ¿Cómo va a pagar la deuda, cómo le dice a los inversionistas que no se preocupen?
comentó Ramsés Pech, consultor de Caraiva y Asociados.
La estrategia que presentó el gobierno consiste en reducir la carga fiscal a la petrolera de 2019 a 2021, así como inyecciones de capital para fortalecer el balance de la empresa. El gobierno inyectará 66,000 millones de pesos en 2020, 38,000 millones en 20221 y 37,000 millones en 2022.
Adicionalmente, la tasa del Derecho por Utilidad Compartida pasará del actual 65% a 58% en 2020 y 54% en 2021. Después de este periodo la petrolera debería contribuir al crecimiento económico y que la producción se recupere de los actuales 1.6 millones de barriles diarios de petróleo a a 2.7 millones para finales del sexenio.
Gran parte del anuncio son buenas noticas para Pemex, sin embargo, la debilidad implícita que esto representa para el gobierno federal está lejos de ser resuelto. Aún no está claro si las autoridades están considerando fuentes alternativas para financiar la reducción de las ganancias del petróleo para el gobierno
escribió en una nota para clientes el economista de Finamex, Víctor Gómez.
Agrega que, especialmente este punto será clave para las agencias calificadoras, por lo que si se implementa como espera Pemex, este plan implica que la posición actual del gobierno federal se está debilitando para respaldar a la empresa. Los resultados en Pemex tardarán un tiempo en materializarse y luego el valor esperado de una implementación exitosa será clave en la evaluación.
Si bien la dependencia de las finanzas públicas respecto a los ingresos petroleros ha caído con fuerza en los últimos años, al cierre de 2018, representaron 19% del total, desde 16.72% de un año antes.
Las agencias calificadoras tienen en la mira a Pemex y la calificación soberana de México para un posible recorte. En junio, Fitch bajó la nota crediticia de la petrolera de grado de inversión a categoría basura. Y la nota está en el último escalón del grado de inversión en la escala de Moody’s y más arriba en la escala de S&P, aunque en ambos casos con perspectiva ‘negativa’.
Me siento muy satisfecho, muy seguro, porque se ha actuado bien en el rescate de la industria petrolera y estamos optimistas; a pesar de que nuestros adversarios quisieran que nos fuese mal en esto y en otras cosas, se van a quedar con las ganas porque vamos bien
dijo el presidente López Obrador en su conferencia de prensa.
En un reporte, Citi Research dijo que en los próximos tres años la ayuda a Pemex agregará presiones a las finanzas públicas bajo una contexto ya difícil.
“Con la desaceleración de la economía y los ingresos fiscales para 2019 y 2020 con un sesgo a la baja, un escenario menos optimista para los precios del petróleo en el a medio plazo, y con presupuestos crecientes para los programas sociales e infraestructura del gobierno, parece que será difícil mantener un superávit primario”. Y para ellos el recorte en la calificación es cuestión de tiempo.
Analistas de Intercam publicaron que el plan de negocios reafirmó el compromiso de la empresa de enfocarse a la producción y exploración en aguas someras y áreas terrestres lo que deberá de mejorar los costos, no obstante, consideran que puede comprometer las finanzas públicas federales y podría complicar el objetivo de llegar a un superávit primario de 1% del PIB para este año.
Lo anterior, basado en mayores recursos a la petrolera, menores ingresos para el gobierno desde Pemex, y una desaceleración en la economía mexicana que pudiera generar menores ingresos a la federación.
Para este año el consenso de los analistas esperan un crecimiento de la economía de un máximo de 1.3% desde el 2% de un año antes, lo que amenaza con reducir la recaudación de ingresos.
