El proyecto para reformar la estructura de Petróleos Mexicanos parecía imparable: ni los argumentos de especialistas ni las críticas por parte de la sociedad civil consiguieron que la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados reculara en su decisión de reducir las funciones del Consejo de Administración de la empresa productiva del Estado, hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador habló.
El titular del Ejecutivo dijo estar en contra de la reforma a la Ley de Petróleos Mexicanos durante su conferencia matutina del martes y aseguró que dentro de su administración no se busca impulsar cambios en la petrolera. Además desconoció que Morena, el partido que lideraba, hubiera puesto esa iniciativa sobre la mesa.
“No hay ninguna iniciativa de parte nuestra. Nosotros no aprobamos eso. En el Ejecutivo no queremos ninguna modificación en ese sentido, porque no queremos darles pretextos, excusas a los que han saqueado a Pemex”, dijo López Obrador, quien enfatizó que no tocará a la petrolera “ni con el pétalo de una rosa”.
Horas después, el diputado de Morena Carol Antonio Altamirano, integrante de la la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, dijo que el tema ya no se discutiría en la fecha planeada.
¿Sin contrapesos?
La fecha prevista para discutir y aprobar en comisiones la reforma a la Ley de Petróleos Mexicanos era este miércoles 19 de febrero. Por ello, el que se haya pospuesto tras las declaraciones del presidente deja mal parados a los legisladores, de acuerdo con analistas consultados por EL CEO.
“El mensaje (del presidente López Obrador) es ‘no me gusta y no quiero que se apruebe’. En ese momento se canceló la reunión prevista para mañana; eso deja mal parado al propio Poder Legislativo, en este caso específico a la Cámara de Diputados”, considera Francisco Burgoa, constitucionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Para el especialista, la discusión sobre la reforma -facultad del poder Legislativo- debería ocurrir independientemente de los comentarios de Andrés Manuel López Obrador pues, señala, existen mecanismos constitucionales para aprobarla o rechazarla sin que el presidente marque la pauta.
“Lo que estamos viendo es una relación democrática que remite a los momentos más añejos del PRI, solo que más desordenado. Antes no pasaba que la bancada dijera ‘vamos a discutir esto’ y el presidente saliera a enmendarles la plana”, dice Alonso Cedeño, socio de la consultora Estrategia en Línea.
“El Legislativo debe ser un contrapeso, en la división de poderes está contemplado. Actualmente hay riesgo es que esto quede vulnerado, que quede avasallado, en una cuestión autoritaria”, advierte el analista.
Una propuesta ‘preocupante’
La propuesta de reforma a la Ley de Petróleos Mexicanos desató críticas y preocupación en diversos sectores de la sociedad civil.
Desde su presentación a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el 9 de enero, organizaciones civiles y expertos en la materia cuestionaron las modificaciones contempladas en la iniciativa, que entre otras buscan incrementar el poder del director general de Pemex.
“Las modificaciones pretenden garantizar al Ejecutivo federal, a través del director general de Pemex, mayor control sobre la labor estratégica y operativa de la empresa, y debilitar al Consejo de Administración para los procesos de toma de decisiones”, publicaron el 19 de enero las organizaciones México Evalúa y Ombudsman Energía México en un comunicado conjunto.
La centralización del poder en esta figura fortalecería la injerencia de la Secretaría de Energía en la toma de decisiones de la empresa productiva del Estado, debilitando al Consejo de Administración, y afectaría los mecanismos y rendición de cuentas, señalaron en su momento los integrantes de la sociedad civil.
“Siempre es inconveniente que haya una concentración de poder sin contrapesos, pero es un escenario más riesgoso cuando el director general no tiene la experiencia o el conocimiento, y en general su margen de error (en la toma de decisiones) tiende a incrementarse”, considera José Roldán Xolpa, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Otros aspectos contemplados en el proyecto de reforma son la incorporación de soberanía y seguridad energética como principios que Pemex puede perseguir -lo que se contrapone al mandato legal de la Secretaría de Energía de regir en la política pública y genera incertidumbre jurídica para la petrolera-, aumenta el riesgo de corrupción al interior de la empresa productiva del Estado y dificulta la competencia.
Sin embargo, para el académico, la iniciativa de reforma también tiene propuestas que podrían ser positivas, como la posibilidad de que Petróleos Mexicanos decida internamente con cuáles empresas asociarse.
“La reforma establece una especie de tutela de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Eso no es negativo y abona a la autonomía, pero no es conveniente que esa decisión solo la tome el director general”, explica.
