Por primera vez, el gobierno federal reconoció la presencia de una sombra que ha acompañado a México, pero que la administración había negado: la existencia de grupos paramilitares.
En conferencia de prensa conjunta con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo a la prensa que en Chiapas hay presencia de grupos paramilitares, los cuales describió con “gran capacidad de fuego”.
El también exjefe de gobierno aseguró:
Los días 27 y 28 de diciembre un grupo de funcionarios de la Secretaría de Gobernación, del área de atención a la violencia contra la mujer y de garantía de los derechos humanos, se desplazó para hacer una visita a los campamentos y a los lugares donde está este problema vigente, en donde, efectivamente, los problemas de violencia, de presencia de grupos paramilitares y de una gran capacidad de fuego, incluso de grupos ligados, presuntamente, a la delincuencia organizada, ha generado niveles de violencia
La revelación, que se dio sin más detalles, se hizo durante su reporte sobre la situación de desplazamiento forzado que padecen indígenas de la zona de Los Altos de Chiapas, de Chenalhó y Aldama, desde el año pasado, por un supuesto conflicto agrario.
Estos cuerpos operarían precisamente en Chiapas, cuna del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), también estado en donde activistas han denunciado la presencia de grupos armados en contra de campesinos y que supuestamente obedecerían a fines políticos.
Tal es el caso del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), que incluso, desde el 2016, denunció presuntos casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales a manos del grupo paramilitar conocido como “Los Petules”.
Históricamente, las administraciones federales han negado la existencia de estos grupos.
El académico y político Gilberto López y Rivas define a los “paramilitares” como aquellos grupos que cuentan con organización, equipo y entrenamiento militar, y a los que el “Estado delega el cumplimiento de misiones que las fuerzas armadas regulares no pueden llevar a cabo abiertamente”.
En 1970 -periodo conocido como “guerra sucia”-, políticos y activistas denunciaron la presencia y uso de paramilitares para reprimir la oleada de protestas y movimientos sociales que vivía el país.
El gobierno negó su existencia, pero posteriormente periodistas documentaron la conformación y uso de “Los Halcones” – creado a iniciativa de oficiales del ejército y bajo la administración del entonces Departamento del Distrito Federal— y de “La Brigada Especial” – integrada por policías capitalinos, militares y personal de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que tendrían la misión de investigar y localizar a los miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre–.
En 2011, en plena “guerra contra el narcotráfico”, el concepto recobró fuerza luego de la aparición de un video en redes sociales en el que un grupo autonombrado como “Mata zetas” se comprometía a “aniquilar” a la organización criminal de “Los Zetas”, en Veracruz.
Los “Mata Zetas” también se atribuirían la muerte de 35 hombres en Boca del Río, Veracruz, por sus supuestos vínculos con la organización criminal de “Los Zetas”.
Inmediatamente, la entonces vocera del ejecutivo federal, Alejandra Sota, enfatizó que no existían elementos para suponer que ese u otro grupo “con esa naturaleza paramilitar exista en México”,
Contrario a la visión del experto en derecho, Edgardo Buscaglia, quien reveló a Proceso y a la BBC la presencia de 167 grupos paramilitares supuestamente financiados por empresarios empeñados en proteger “vida y propiedad” ante la ola de violencia que atravesaba el país.
