El sexenio del presidente Enrique Peña Nieto vive sus últimas horas y la situación que deja su administración es de más pendientes que de logros.

Según el informe ‘Balance sexenal: Fue un mal año. No, menos, como seis’, elaborado por el centro de análisis e investigación Fundar, la silueta que deja el gobierno peñanietista está marcado por niveles históricos de homicidios, mayor desigualdad y casos importantes de corrupción e impunidad.

Aunque el organismo reconoce que en el sexenio hubo importantes iniciativas, la mayoría impulsadas desde la sociedad civil -las cuales trataron de ser remedio para los problemas estructurales- su implementación fue deficiente.

En México tenemos marcos normativos de primera, pero una implementación de cuarta

Haydeé Pérez Garrido, directora de Fundar

La Casa Blanca, Odebrecht, Pegasus, Ayotzinapa y Tlatlaya son ejemplos de escándalos de corrupción, de espionaje, violencia y de desaparición forzada que marcaron los seis años del priista, quien el próximo 1 de diciembre entregará la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador.


Un caso citado en el informe es la aprobación de una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, que aunque destacó en su momento aún enfrenta varios desafíos. Un ejemplo es que las dependencias de distintos niveles siguen aplicando prácticas regresivas como el dificultar la entrega de datos.

Otro punto es el Sistema Nacional Anticorrupción, surgido a raíz del escándalo de la Casa Blanca, que aunque se trata de un avance, este se encuentra incompleto. No se han designado a titulares clave como magistrados anticorrupción o al titular de la Fiscalía Especializada.

Seguridad, cambiar el enfoque

Sobre el tema de seguridad, Fundar advierte que durante el sexenio de Peña Nieto se antepuso una política de seguridad nacional a una de derechos humanos que permeó el actuar gubernamental con la premisa de que la protección de las instituciones prevalecía sobre la de las personas.

Entre las recomendaciones se encuentra abrogar la Ley de Seguridad Interior –la semana pasada la Suprema Corte la declaró inconstitucional– y construir alternativas de políticas públicas; diseñar un nuevo modelo de procuración de justicia así como dar cumplimiento a las recomendaciones y decisiones de los organismos internacionales de protección de derechos humanos.

Política fiscal, un hoyo negro

El informe destaca que en la administración próxima a finalizar, la política fiscal no fue utilizada como un instrumento para combatir las desigualdades o la pobreza, ni para contribuir a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos.

“Por el lado de ingreso, resulta evidente la poca progresividad del sistema tributario, la falta de políticas que se enfoquen en gravar a quienes más ingresos y riqueza poseen, y el uso de un régimen de gastos fiscales cuyos costos y beneficios sociales no parecen tan claros”, se indica.

Para Mario Patrón, abogado y director del Centro Pro DH, uno de los principales errores del gobierno que está pronto a terminar fue negar la realidad del país, y advierte que el próximo gobierno recibirá a un país muy complejo con instituciones “dinamitadas”.

Esta administración termina sin que podamos ver los beneficios claros que supuestamente traerían las llamadas reformas estructurales

concluye el informe.

Las cifras de la preocupación:

-El 93.6% de los delitos quedaron sin denunciarse o sin investigarse

-70% de los contratos en la administración fueron asignaciones directas

-23,000 homicidios dolosos fueron contabilizados en el actual sexenio

-35,000 personas desaparecidas o no localizadas

-19 ex gobernadores sujetos a proceso, investigados o en la cárcel por denuncias de desvíos o daños al erario

-México perdió -entre 2012 y 2017- seis puntos y 29 lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional

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