Empresas como Netflix, Uber, Google o Spotify están en la mira de algunos legisladores que buscan que las compañías digitales comiencen a pagar impuestos en México.
Gravar a este tipo de empresas es uno de los temas más complejos para los sistemas fiscales de todo el mundo, ya que sus operaciones escapan a los mecanismos tradicionales de tributación, en parte por la naturaleza intangible de sus negocios y los vacíos legales de cada país.
Los diputados del PRD propusieron en días recientes una iniciativa de ley para que las empresas nacionales o extranjeras que ofrecen servicios digitales paguen un impuesto equivalente al 3% de sus ingresos brutos totales.
Estas compañías suelen tener su matriz en una jurisdicción de baja tributación, pero parte o la totalidad de sus ingresos los obtienen de países en los que no tienen presencia física, por lo que no pagan el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Planteamos gravar a las empresas que tienen ingresos o renta; no es gravar el consumo o a los usuarios, sino a las firmas que tienen ingresos del comercio digital. Empresas con plataformas amplias para hacer negocios de gran envergadura y el impuesto prácticamente va a las transnacionales
Javier Salinas, diputado del PRD.
¿Cómo funcionan?
Spotify tiene su base en Estocolmo, Suecia, en donde el impuesto a las empresas es de 22% y la naturaleza de sus operaciones no requiere de presencia física en todos los países, aunque obtenga ingresos de sus usuarios.
Otro caso es el de Uber, con base en San Francisco, California, que mediante su plataforma conecta a conductores con pasajeros que requieren el servicio de transporte privado. El conductor es quien paga el ISR por su ingreso y la empresa tendría que pagar impuesto por las ganancias generadas en México.
Además, dadas las características de su negocio (intensivas en activos intangibles) pueden deslocalizar actividades para quedar fuera de la jurisdicción impositiva de un país
Jesús Aldrin Rojas, socio líder de QCG Transfer Pricing Practice.
El capítulo 1 de la Ley del ISR establece que los residentes en el extranjero deben pagar el impuesto en México respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniendo dichos ingresos, no sean atribuibles a éste.
No obstante, para los especialistas consultados por EL CEO, la iniciativa de ley se queda corta.
“La forma en la que plantean la iniciativa es como si fuera impuesto al consumo, (…) sí hay una erosión de esos impuestos, pero creo que este mecanismo no les ayudaría y solo pararán en un impuesto al consumo”, comentó Rodrigo Adrián Ramírez, presidente de la Comisión Fiscal 3 del Colegio de Contadores Públicos de México.
Esto además iría en contra de la promesa de Andrés Manuel López Obrador de no proponer nuevos impuestos.
El artículo cuarto de la iniciativa indica que “los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país están obligados al pago del impuesto por los ingresos atribuibles a dicho establecimiento, derivados de las mencionadas actividades”.
Para Rojas, si bien la iniciativa es una propuesta en principio adecuada, el impuesto se queda corto, ya que solo grava el ingreso bruto de las compañías que en muchos casos no tienen una residencia en el territorio nacional.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) diseñó hace unos años el programa Erosión de la Base Imponible y la Transferencia de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés), que pretende entender los negocios de la economía digital y evitar que las empresas desplacen sus utilidades a países con menor carga tributaria.
De esta manera, para que el impuesto sea efectivo, habría que modificar al menos la definición de establecimiento permanente que está en el artículo segundo de la LISR e incorporar las definiciones ampliadas que propone la OCDE en cuanto a residencia permanente.
Por lo pronto, el diputado del PRD no descarta que algunas empresas digitales intenten cabildear en el congreso para que la iniciativa no sea aprobada.
“Están en su derecho, están defendiendo su privilegio de no tributar, a nadie le gusta pagar impuestos, pero eso es una obligación de todos los que obtuvieron renta o ganancia”.
Instituciones como el FMI o la OCDE han estimado que las multinacionales pueden provocar una afectación del 1% del PIB. Aunque es muy probable, de acuerdo con Rojas, que estos datos ni siquiera consideren la actividad de las empresas multinacionales.
Esta falta de recaudación se traduce en menos infraestructura o recursos para educación o seguridad en el país.
