Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitaron este jueves una moratoria internacional para la venta de tecnologías de “vigilancia”, a la espera de que se cree un marco regulatorio que garantice el respeto a los derechos humanos, tras el escándalo de escuchas vinculado al software israelí Pegasus.
A mediados de julio, una investigación, publicada por un consorcio integrado por 17 medios de comunicación de varios países, reveló que el software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, permitió espiar los teléfonos de al menos 180 periodistas, 600 políticos, 85 activistas por los derechos humanos y a 65 líderes empresariales de distintos lugares del mundo.
“Estamos profundamente preocupados porque se estén utilizando recursos intrusivos muy sofisticados para vigilar, intimidar y silenciar a defensores de los derechos humanos, periodistas y opositores políticos”, señalaron expertos de la ONU citados en un comunicado.
Añadieron que “tales prácticas violan derechos como la libertad de expresión, la privacidad y la libertad, y pueden poner en riesgo la vida de centenares de personas, la libertad de los medios de comunicación y socavar la democracia, la paz, la seguridad y la cooperación internacional”.
Se busca que los grupos no vengan tecnología a Estados
El comunicado fue firmado por tres relatores especiales de la ONU, incluida la que se encarga de temas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Irene Khan, y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos.
“Durante los últimos años, con frecuencia hemos hecho sonar la alarma respecto al peligro que representan las tecnologías de vigilancia para los derechos humanos. Una vez más, exhortamos a la comunidad internacional a crear un marco reglamentario sólido para prevenir, atenuar y reparar el impacto negativo de estas tecnologías”, señalaron.
La investigación periodística sobre Pegasus se apoya en un listado de 50,000 números de teléfono seleccionados por los clientes de NSO desde 2016, obtenida por la organización Forbidden Stories (Historias Prohibidas) y Amnistía Internacional (AI).
Los expertos de la ONU han instado a Israel a que “revele de manera absoluta los pasos que ha dado para revisar las exportaciones de NSO, a la luz de sus propias obligaciones en materia de derechos humanos”.
Además, insistieron que “es un deber de los Estados verificar que empresas como el grupo NSO no vendan o transfieran tecnologías a Estados y entidades susceptibles de utilizarlas para violar los derechos humanos, y de que no firmen contratos con éstos”.
