El uso de videovigilancia ya no es exclusivo de China, uno de los países pioneros en utilizarla. La implementación de estos sistemas de vigilancia también también comienza a tomar relevancia en otros territorios como, por ejemplo, América Latina.
En 2020, la ciudad de Guadalajara, México, contaba con más de 170 cámaras por kilómetro cuadrado, convirtiéndola en la metrópolis con mayor densidad de cámaras de CCTV en la región y la quinta en el mundo, de acuerdo con un estudio realizado por Surfshark.
Mientras que Ciudad de México se encuentra en el tercer lugar en América Latina y en la novena posición en el mundo, con 50 cámaras por kilómetro cuadrado.
La ciudad con más videocámaras por kilómetro cuadrado es Londres, con 399, lo cual la deja por encima de ciudades como Pekín y Nueva Delhi.
La ciudad de Moscú, Rusia expandió en 2020 su red de CCTV, equipándola con tecnología de reconocimiento facial con el fin de reforzar los controles durante la pandemia de COVID-19.
Esas acciones amenazan con impactar de forma desproporcionada en personas migrantes y refugiadas, señalan Petra Molnar, abogada especialista en migración, y Diego Naranjo, director de políticas de European Digital Rights (EDRi) en un artículo de opinión para The New York Times.
De acuerdo con la organización la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), todo sistema de videovigilancia implica inevitablemente el control del espacio público y, con esto, un impedimento para el anonimato.
La realidad del control es particularmente agresiva para los grupos que están subalternizados y que sufren situaciones de injusticia, ya que el uso del espacio público está relacionado cotidianamente con el ejercicio del derecho a la protesta social, como sucede con los pueblos indígenas que se oponen a megaproyectos o las mujeres que protestan en contra de la violencia machista
escribió R3D en su blog
