La nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión levanta alertas a expertos y organizaciones por el volumen de información que va a recopilar el gobierno y el uso de esos datos.
Uno de los puntos más polémicos de la iniciativa refiere a que, aunque tipifica la extorsión como delito grave, otorga a las autoridades facultades para acceder a líneas telefónicas, mensajes de texto, cuentas de redes sociales y otros medios digitales de las víctimas, siempre con una orden judicial, con el argumento de comprobar si se utilizaron sin su consentimiento.
La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia establece un sistema que permite la interconexión de bases de datos entre todas las autoridades de seguridad del país, incluyendo fiscalías, corporaciones policíacas, el Ejército y la Marina.