El Pleno del Senado aprobó en lo general y particular la reforma al Poder Judicial, considerada la transformación jurídica más significativa en México desde 1994.
El proyectó se materializó con una votación que incluyó 127 votos, con 86 a favor, 41 en contra y 0 abstenciones. Destacando la ausencia de Daniel Barreda Pavón de Movimiento Ciudadano (MC) y el voto a favor del senador del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Yunes Márquez.
Esto ocurrió tras un intenso debate y una ola de críticas provenientes de analistas, el sector privado y organismos internacionales, quienes exigieron repetidamente modificaciones al proyecto impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Durante la votación, la senadora Alejandra Barrales de MC, solicitó la cancelación de la votación, argumentando que Daniel Barreda de la bancada naranja había sido “detenido de manera ilegal, en un intento del régimen oficialista por impedir su participación en el proceso legislativo”.
Antes de la votación en el Senado, los partidos políticos de oposición, MC, PAN, Partido de la Revolución Institucional (PRI) habían prometido que sus 43 senadores votarían en contra de la reforma y así impedir la mayoría calificada.
No obstante, Yunes Márquez respaldó la propuesta, generando sorpresa y fracturas dentro de las bancadas opositoras.
Cambio de sede y manifestaciones de ciudadanos
La votación también se hizo en la antigua Casona de Xicoténcatl y cerca de la medianoche, esto porque horas antes fue tomada la Cámara de Senadores en Reforma.
Aproximadamente 2,000 “supuestos trabajadores” del Poder Judicial, armados con cadenas, banderas, tambores y palos, irrumpieron en las instalaciones, logrando ingresar al Pleno del Senado.
A pocos metros de la Casona de Xicoténcatl, custodiada por cuerpos de seguridad como los granaderos, manifestantes se congregaron sobre Eje Central Lázaro Cárdenas. Entre los presentes, algunos respaldaban la reforma, mientras que otros se oponían a su aprobación.
Un proyecto que transformará para bien el país
De acuerdo con la senadora de Morena, Ernestina Godoy, la reforma al Poder Judicial se integra por cambiar 12 artículos constitucionales y más de 100 ajustes.
Godoy subrayó que la reforma tiene como propósito separar la función judicial de las influencias políticas, económicas y criminales, lo que, según ella, es esencial para que la justicia pueda beneficiar a todas las personas sin importar su estatus socioeconómico o político.
“Es urgente proteger a la justicia de intereses fácticos o criminales”, afirmó, resaltando “que se trata de una deuda histórica que el Estado mexicano tiene con la sociedad”.
Enfatizó que las modificaciones fortalecerán la independencia del Poder Judicial, al garantizar que las designaciones de ministros, magistrados y jueces sean transparentes y no se basen en acuerdos políticos ni influencias familiares, sino por elecciones.
“Estos cambios buscan transformar el sistema judicial para asegurar un acceso real y efectivo a la justicia”, comentó.
El nuevo modelo de elección, precisó, estará abierto a cualquier persona que cumpla con los requisitos legales y profesionales, con un proceso de evaluación a cargo de expertos en la materia.
Subrayó que se trata de un esfuerzo nacional “con amplia participación, señalando que entre febrero y julio se realizaron más de 50 foros de diálogo en diversas regiones del país, enriqueciendo el trabajo legislativo”.
Entre los cambios más relevantes, la reforma al Artículo 94 creará un nuevo órgano de administración judicial, dotado de autonomía técnica y de gestión, lo cual, afirmó, garantizará que no haya injerencias externas en las decisiones judiciales.
Asimismo, las reformas a los artículos 96 y 97 establecerán requisitos más estrictos para quienes aspiren a ser ministros o magistrados, asegurando “que su elección sea basada en méritos profesionales y éticos”.
Por su parte, la senadora de Morena, Martha Lucía Micher Camarena, también abordó las preocupaciones laborales, garantizando que los derechos de los trabajadores del Poder Judicial “serán respetados durante la implementación gradual de la reforma, que comenzará con las elecciones de 2025”.
“En esa elección se renovarán varios cargos clave, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia y magistrados de circuito”, dijo.
El senador del PAN Miguel Ángel Yunes Márquez expuso que votaría a favor porque quiere respetar la “decisión de la mayoría del pueblo mexicano” de democratizar el Poder Judicial.
“Sé que la reforma que nos han propuesto no es la mejor, pero en las leyes secundarias tendremos la oportunidad de perfeccionarla, por esto he tomado la decisión más difícil de mi vida de ir a favor del dictamen”, dijo.
El legislador destacó que las reformas al sistema judicial han sido beneficiosas en el pasado, refiriéndose particularmente a las modificaciones aprobadas en 1994 durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León.
En aquella ocasión, los legisladores del PRI y del PAN reformaron 20 artículos de la Constitución.
“Se jubiló de manera inmediata a los 26 ministros en funciones, se redujo el número de ministros a 11, se creó el Consejo de la Judicatura, y se establecieron las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad”, comentó.
Reforma al Poder Judicial es un asalto a la independencia de México
Durante la sesión del Senado de la República, Ricardo Anaya argumentó que la propuesta es un intento directo del partido “en el poder de asaltar esta institución y de minar la independencia judicial, pilar fundamental de la democracia mexicana”.
El excandidato presidencial destacó tres grandes trampas que, a su juicio, existen en la propuesta legislativa.
La primera de ellas es la supuesta libertad electoral que se otorgará al pueblo para elegir a los miembros del Poder Judicial, ya que “Morena controlará quiénes aparecerán en las boletas, comparando la situación con una elección manipulada donde el resultado es predecible, ya que los candidatos han sido preseleccionados por el partido gobernante”.
En segundo lugar, el panista criticó la confusión que generará el número desmesurado de candidatos propuestos para las vacantes en el sistema judicial.
Citó como ejemplo la Ciudad de México, donde más de 2,000 candidatos competirán por tan solo 344 vacantes.
“El tercer fraude” que Anaya señaló es la creación de un Tribunal de Disciplina, compuesto por cinco personas, todas con control directo de Morena.
“Este órgano tendría el poder de destituir jueces y magistrados, iniciar juicios políticos, e incluso inhabilitar a funcionarios públicos por hasta 20 años”, comentó.
Anaya advirtió que este tribunal podría convertirse en una herramienta política para ejercer presión y sancionar a miembros del Poder Judicial que no se alineen con los intereses del gobierno.
¿Qué sigue después?
El siguiente paso para que el proyecto de reforma se concrete, es que sea aprobado por lo menos en 17 congresos locales.
El Congreso de Oaxaca fue el primero en el país en avalar la reforma constitucional federal al Poder Judicial.
La madrugada de este miércoles el Pleno de la LXV Legislatura local sesionó, el proyecto se aprobó con 41 votos a favor.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso oaxaqueño, Sergio López Sánchez, celebró que “el Congreso de Oaxaca sea el primero del país en legislar para respaldar esta reforma propuesta por el presidente AMLO”.
“Es un paso firme hacia la creación de un sistema más ágil, que responda con prontitud y eficacia a las demandas de nuestros ciudadanos”.
(Esta historia se actualizó a las 11:21 horas, se añadió la votación en lo particular y lo del Congreso de Oaxaca).
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