La reforma a la Ley de Hidrocarburos, que sólo espera su publicación en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor, ya tiene a los permisionarios del sector hidrocarburos preparando una serie de amparos para protegerse contra lo que perciben como cambios inconstitucionales a las condiciones previas de mercado.
“El comercializador, distribuidor, transportirsta o almacenador, lo que va a hacer es optar por el juicio de amparo una vez publicada la reforma en el DOF”, afirmó Carlos Vallejo, Compliance officer de Lexoil consultores.
Los permisionarios tendrán 30 días después de la entrada en vigor para presentar una demanda de amparo que aborde los aspectos violatorios.
Vallejo señaló que la mejor vía para estas demandas es indicar los aspectos referentes a la libre competencia económica o libre concurrencia, así como de retroactividad en perjuicio de sus actividades, pues estos son los elementos con mayor peso desde un punto de vista constitucional.
Los procesos de amparo deben llevarse a cabo dentro de los 30 días señalados porque después de este plazo las empresas pueden ser sujetas a procedimientos de suspensión en términos del artículo 59bis y los cuatro y seis transitorios.
“Habrá permisionarios que digan que siempre realizan sus actividades en total apego a la ley y que la demanda no les preocupa, pero esta reforma otorga facultades amplias discrecionales para la CRE y Sener, que en cualquier momento pueden violentar estas actividades o las instalaciones que están amparadas por el permiso”, advirtió Vallejo.
Les actualizo a todos ustedes cómo están las cosas en el Senado:
Ya tenemos en el horno 4 acciones de inconstitucionalidad:
1.-La ley de la industria eléctrica.
2.-La ley del padrón de usuarios de telefonía.
3.-La ley Zaldívar.
4.-La Ley de hidrocarburos. pic.twitter.com/yoQEJpxnzm— Julen Rementeria (@julenrementeria) April 27, 2021
El abogado dijo que una suspensión provisional funcionaría como una “barrera de contención” contra las consecuencias de la iniciativa, lo que permite continuar trabajando a pesar de la autoridad discrecional de ambos entes gubernamentales.
La iniciativa privada parece estar de acuerdo con esta postura.
“Lo primero que pensamos es que, aunque estemos trabajando dentro de la ley, hay mucho espacio para que la Secretaría de Energía declare problemas nacionales de seguridad o economía, y no queremos estar expuestos a ese riesgo”, dijo el directivo de un permisionario que prefirió no ser identificado.
Agregó que las empresas también piensan que el gobierno comienza a perdonar al sector, “Si no hacemos algo en este momento esa presión sólo va a seguir creciendo, al menos durante este sexenio”.
El directivo también reveló que en conversaciones con los responsables de empresas dentro de su cadena de valor, “el número de empresas dispuestas a promover un amparo es cercano al 90%, muchos sólo estamos esperando el texto final de la ley para definir nuestras demandas. Sabemos el problema que puede ser un exceso de amparos para el poder judicial, y no queremos ser los últimos de la fila”.
Este “exceso de amparos” será impulsado también por las empresas que cuentan con más de un permiso por razón social, y que seguramente solicitarán un amparo por cada uno de ellos.
“Habrá permisionarios que digan que no quieren entrar en una controversia jurisdiccional con la autoridad(…) Pueden establecer mejores controles al interior de la organización para reforzar su cumplimiento, (pero) el hecho de que yo deje pasar la oportunidad para el amparo me da la desventaja de que la autoridad me puede someter a un proceso de suspensión de mi permiso que difícilmente ganaré”, advirtió Vallejo.
