La estrategia de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sector energético está en contra de la propia existencia de los reguladores del mercado y flota la posibilidad de regresar al marco normativo que regía antes de la reforma energética.
La situación ha provocado que voces reconocidas de la industria, como algunos excomisionados de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), se pregunten si los órganos reguladores sobrevivirán el sexenio.
“Para que sobrevivan, de entrada el Ejecutivo tendría que sentirse cómodo con su existencia. Tendrían que cambiar su manera de verlos, lo cual no creo que sea congruente con su lógica del sector en este momento”, señaló Paul Sánchez, director de Ombudsman Energía México.
“En su lógica de crear un estado austero, el presidente está reflejando una tendencia neoliberal de un Estado con menos alcance”.
Destacó que el presidente siente que la actual estructura es invasiva frente a las acciones que solían ser responsabilidad de López Obrador y las secretarías, así como del campo de acción de las empresas productivas del estado.
Una de las esperanzas para que esta postura cambie es que las empresas privadas ejerzan presión suficiente para sentarse en la mesa con el presidente y explicar la importancia que los reguladores tienen en el crecimiento del sector, así como las razones por las que no es viable que su papel sea absorbido por la Secretaría de Energía.
Esta posibilidad se nota complicada debido a la tumultuosa relación que la administración ha tenido con la iniciativa privada, y en particular con algunas empresas extranjeras. Sin embargo, esta podría ser la forma más segura de proteger la supervivencia de la operación actual del mercado.
“Como la ley no ha cambiado, hay una lucha en tribunales para respetar el espíritu de la ley. Si el Presidente decidiera hacer algún cambio (a la ley), no habría manera de quejarte ante la Corte”, advirtió Sánchez.
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— SENER México (@SENER_mx) May 17, 2020
René Narvaez, experto en el mercado eléctrico y exfuncionario de la CRE, señaló que el sector también tiene la ventaja de estar estrechamente ligado con materia ambiental, lo que podría permitir que el involucramiento de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales ejerzan presión para evitar cambios que pudieran disminuir la supervisión de las acciones de sus jugadores.
Ambos expertos coincidieron en que existen dos caminos posibles para los entes reguladores hacia el final del sexenio: el primero es que se mantengan debilitados, como han estado hasta ahora, lo que daría oportunidad para que la próxima administración les devolviera parte de su fortaleza. El segundo es la eliminación de estas figuras de la ley regulatoria.
Sánchez consideró que cualquier potencial cambio legal está sujeto al capital político del que disponga Presidencia, por lo que el futuro de los reguladores podría depender de los resultados de las elecciones del próximo año.
Narváez se mostró optimista frente a la probabilidad de supervivencia de los reguladores, aunque sí advirtió que será poco probable que su papel recupere su importancia durante esta administración.
En caso de que esto no ocurra, el experto señaló el riesgo de que el marco regulatorio que supla al actual resulte contraproducente para el mercado que regula.
“Existe la posibilidad de que dejen un peor desastre que el que encontraron”, dijo.
