Reformas de ley y paquete económico marcarán el próximo periodo legislativo, ¿a qué poner atención?
El segundo periodo ordinario que comienza en septiembre, estará marcado principalmente por dos acontecimientos: la aprobación del Paquete Económico 2026 y cuatro reformas prioritarias relacionadas con el Poder Judicial, incluyendo leyes secundarias como la Ley de Amparo, la Ley de la Delincuencia Organizada, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.
Según el diputado Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena en la cámara baja, también se abordará una nueva Ley Aduanera, una ley reglamentaria en materia de salud para regular los cigarrillos electrónicos y bebidas energéticas, así como una Ley de Bienestar, entre otros proyectos legislativos.
Sobre el primer paquete, Jorge Nader Kuri, socio del despacho Nader Abogados S.C., destaca que es necesario esperar las iniciativas para conocer con precisión su alcance. Pero el abogado penalista prevé que las reformas constitucionales aprobadas a finales del año pasado y publicadas a inicios de éste, estén relacionadas con la definición de los delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa derivados de la reforma al artículo 19 constitucional.
Establecer cuáles son en concreto los delitos que se van a considerar como de prisión preventiva oficiosa en esas baterías, fiscal y de delincuencia organizada. Básicamente es la defraudación fiscal por comprobantes fiscales apócrifos y la introducción de mercancías ilegales al país, es decir, contrabando y compraventa de comprobantes fiscales falsos,
detalla el experto.
Y añade que la medida traería como consecuencia “que a las personas se les encarcele con la mera imputación. Esto queda a expensas de un procedimiento penal que puede tardar meses o años, y además violando el derecho constitucional a la libertad durante el procedimiento (…) claro que es una aberración constitucional que va en contra de tratados internacionales”, destaca.
Reformas: Ley de Amparo y Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo
En cuanto a la Ley de Amparo, la iniciativa incorpora de manera expresa en el texto legal los criterios que sobre el interés legítimo ya ha desarrollado el Poder Judicial de la Federación (PJF) a través de jurisprudencia.
El interés legítimo, junto con el interés jurídico, es lo que otorga a una persona la legitimación para promover un juicio de amparo y proteger sus derechos humanos.
Arturo Boisseauneau Pastor, maestro de Derecho Procesal Constitucional en la Escuela Libre de Derecho, considera que esta propuesta representa un error de técnica legislativa, pues esta figura debe seguir siendo definida por jueces y magistrados caso por caso, ya que resulta imposible prever todos sus supuestos de aplicación en una ley.
Respecto a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, la reforma plantea incorporar a la norma lo ya establecido en la Constitución: especificando que serán las controversias fiscales en la vía sumaria las que deberán ser resueltas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en un plazo máximo de seis meses desde la admisión de la demanda.
Aunque el experto reconoce la importancia de esta medida, advierte que difícilmente podrá cumplirse debido a la sobrecarga de trabajo del tribunal.
En este sentido, la reforma es principalmente consecuencia de los cambios constitucionales del año pasado, no obstante también elimina la posibilidad de acceder a una indemnización ante sentencias que sean contrarias a la jurisprudencia de la Suprema Corte, además de que se dificulta la posibilidad de acceder a una suspensión y se amplía la procedencia del recurso de revisión que puede ser interpuesto por una autoridad en contra de sentencias favorables para el particular.
Reforma laboral, un tema sensible
Otra de las iniciativas emblemáticas, que se discutirá de septiembre a diciembre en la Cámara de Diputados, es la reducción de la jornada laboral a 40 horas, enfocándose especialmente en los artículos transitorios que definirán la gradualidad, los sectores y el tamaño de las empresas a los que aplicará la reforma.
“¿Por qué Morena no la acepta?, porque el gobierno es el patrón más grande del país: un millón y medio de maestros, 350,000 soldados, 600,00 médicos y enfermeras; es un dineral bajar las jornadas del sector público a 40 horas (…) están ahogados en eso, va a ser un tema sensible”, cuestiona Gonzalo Suárez, director de Nuevos Paradigmas Consultores, con amplia experiencia en el sector legislativo.
Reforma electoral, no se discutirá
Sobre la reforma electoral, Ricardo Monreal advirtió apenas hace unos días que la posible eliminación de los legisladores plurinominales en el Congreso “es solo un enunciado general (…) y no se sabe si se va a sostener”.
En la misma línea, Gonzalo Suárez subraya: “Esa reforma no se va a discutir en este periodo, porque tienen hasta enero para entregar la propuesta y debe aprobarse antes del 31 de julio del próximo año. Deben aprobarla antes del inicio del periodo electoral”.
Mientras tanto, la Comisión que trabaja en la reforma, presidida por Pablo Gómez, recientemente se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum, en espera de avanzar en el diseño de la propuesta legislativa. También se prevé pasar al análisis de comisiones cuando se presente en el Congreso de la Unión, a la par de foros ciudadanos para legitimar la propuesta presentada por la mandataria y la Comisión encargada de la redacción.
Paquete Económico 2026, más allá de las reformas
Sobre el Paquete Económico, Gonzalo Suárez subraya que debe aprobarse antes del 15 de noviembre y destaca que uno de los aspectos a observar es cuánto presupuesto se asignará al Poder Judicial.
“Con este cambio de modelo van a requerir capacitar a jueces y a personal administrativo (…) la última reforma que nos llevó a la oralidad (juicios orales) tardó diez años de capacitación para que estado por estado la fuera adoptando, y aquí lo estamos haciendo todo de golpe”, externa.
Sin embargo, explica que el Paquete Económico no está sujeto a debate, ya que, según lo establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se aprueba prácticamente de manera automática, tan solo con una respuesta de “sí o no” de la mayoría simple de la Cámara de Diputados, en tanto que el oficialismo posee mayoría calificada.
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