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15 de junio 2020 | 5:00 am

El próximo viernes se cumple un año de que la Cámara de Senadores aprobó una iniciativa de reforma para la regulación del teletrabajo, mejor conocidocomo home office o trabajo desde casa.

Aunque la propuesta sigue estancada en la Cámara de Diputados, se espera que la pandemia de coronavirus sea el factor que obligue a su discusión durante el próximo periodo de sesiones, ya que la contingencia sanitaria obligó a miles de empresas a implementar el esquema en los últimos meses.

Uno de los principales beneficios del home office es la reducción de tiempos de traslado y un menor estrés por el tráfico vehícular, según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

De acuerdo con el Índice de Satisfacción con el Acreditado (ISA), del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), los empleados en Guadalajara destinan casi tres horas en traslado diario; en Nuevo León casi dos horas y media; y en Ciudad de México, poco más de dos horas.

La iniciativa, sin embargo, carece de una reglamentación firme que garantice el respeto de los derechos de los trabajadores a distancia y puede ser un nuevo detonante para el crecimiento de la precarización laboral. 

La propuesta aprobada el 19 de junio de 2019 establece que las tecnologías actuales permiten que una persona pueda emplearse en cualquier otra parte del mundo y realizar trabajo a distancia, a lo que se denomina “teletrabajo”.

Dice que el empleador debe ofrecer dichos medios tecnológicos, así como condiciones de servicio y ambiente requeridos. Para el teletrabajador da la responsabilidad del manejo y cuidado de sus herramientas.

También contempla mantener para el contratante las obligaciones y responsabilidades sobre la salud, seguridad y previsión de riesgos para el teletrabajador.

Además “instruye a las autoridades laborales a establecer una red nacional que incluya organizaciones sociales, privadas y públicas para dar asesoría, promoción y fomento al teletrabajo para jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores”.

La Cámara de Diputados recibió la iniciativa elaborada por la senadora Alejandra Reynoso Sánchez, del Partido Acción Nacional (PAN), donde se mantuvo congelada desde junio del año pasado hasta el fin del periodo ordinario de sesiones.

Riesgo de precarización

Tras su posible aprobación, las autoridades tendrían un año para establecer la red nacional de promoción y fomento del teletrabajo, así como los lineamientos para determinar los accidentes o enfermedades relacionados con el ejercicio del teletrabajo.

Para regular todo ello, la iniciativa plantea la creación de una ley específica para el teletrabajo.

La implementación de esta iniciativa de reforma sin una regulación específica que proteja los derechos laborales implica el riesgo de una mayor precarización, dice Alfonso Bouzas, investigador de asuntos laborales en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), casi una quinta parte de los trabajadores en México enfrentan condiciones críticas de ocupación.

Este dato indica la existencia de una relación adversa entre las horas de trabajo y las remuneraciones que reciben los trabajadores.

Además, el INEGI advierte que más de una tercera parte de trabajadores remunerados no cuentan con acceso a prestaciones de ley. Este sector incluye a trabajadores informales, así como a profesionistas que cobran “por honorarios”.

Alfonso Bouzas dice que la implementación de esta iniciativa es viable en México, sobre todo porque depende de cuestiones tecnológicas existentes. Calcula que alrededor de 60% del trabajo de oficina puede ser realizado a distancia.

Pero el trabajo a distancia reclama una reglamentación propia para evitar la precarización del trabajo.

“Corremos el riesgo de la implementación del teletrabajo perjudique las variables laborales básicas: jornada, salario y estabilidad”, opina el experto.

Además el experto teme que pueda crecer la informalidad y el porcentaje de trabajadores remunerados que no tienen acceso a prestaciones de ley.

Para evitar la precarización, en otras regiones se implementaron regulaciones especiales. En Europa, por ejemplo, se firmó el Acuerdo Marco Europeo de Teletrabajo, que busca la igualdad de trato con el resto de los trabajadores de la empresa.