La iniciativa de reforma eléctrica que se analiza en el Congreso presenta severos riesgos para la política fiscal de México porque incrementará las necesidades de financiamiento del sector público y su deuda, declaró Víctor Gómez, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Al participar en el Foro 21 “Impactos y desafíos de la reforma eléctrica en la Hacienda Pública” del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, Gómez destacó que en cuanto a los costos de generación de electricidad resulta fundamental que la iniciativa establezca propuestas concretas sobre las tecnologías de generación que se planean impulsar.
Expuso que esto es importante porque el costo de los insumos de esa tecnología incidirá sobre el balance financiero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
De ahí que se requiera entender las herramientas de administración de riesgos para enfrentar la volatilidad en los precios de dichos insumos
mencionó.
Detalló que solo en el 2021, el crecimiento observado en los precios de hidrocarburos, de gas natural, combustóleo y diésel contribuyeron a que la CFE gastará 262,000 millones de pesos en materiales y suministros para su operación.
Otro aspecto crítico de la reforma eléctrica son las nuevas reglas de despacho para el mercado eléctrico mayorista sobre los precios marginales locales, ya que impactarán las tarifas a los consumidores finales.
“El Estado mexicano tiene como asignatura pendiente la implementación de una metodología de determinación de tarifas que reconozca todos los costos de la cadena productiva”, aseguró.
Hoy el #ParlamentoAbierto aborda los impactos y desafíos de la #ReformaEléctrica ⚡️ en la hacienda pública. La @CFEmx es uno de los grandes beneficiarios del presupuesto. La iniciativa implicaría la necesidad de mayores recursos, con un costo de oportunidad en otras áreas💰. pic.twitter.com/pE7VSSR6Uz
— IMCO (@imcomx) February 17, 2022
Expuso que las reglas de la la iniciativa de reforma eléctrica, en vez de avanzar hacia un escenario en el que los precios de la electricidad reflejen fehacientemente el costo social de producirla, repercutirán en la necesidad de mayores subsidios por parte del gobierno federal.
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Desfalco de 490,000
En el mismo evento, Eduardo Bermejo López, gerente de planeación en la Dirección de Inteligencia Energética de la CFE, sostuvo que el esquema que actualmente existe en el sistema eléctrico ha propiciado un desfalco del gobierno estimado en 490,000 millones de pesos.
Viene por todo el trato preferencial de las reformas del 92 y del 2013, que dieron a los privados permisos, contratos de autoabastos y una serie de subsidios que el gobierno federal dio y hasta la fecha sigue dando a los productores
afirmó .
Planteó que actualmente la disyuntiva es defender esos subsidios que indebidamente da el gobierno a los privados y grandes generadores o reordenar el mercado eléctrico y poner a la CFE en una ventaja de recursos públicos y en un esquema que favorezca la igualdad social.
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Por su parte, Fernando Renoir Baca Rivera, titular de la Unidad de Coordinación de Entidades Federativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, manifestó que el principal problema de la reforma energética del 2013 fue su clandestinidad y que no resolvió las problemáticas del sector energético.
Mencionó que la CFE pierde al año 490,000 millones de pesos por la reforma energética, pero que Hacienda solo contabilizó 250,000 millones de pesos en la Cuenta Pública del 2020.
