Reforma electoral de Claudia Sheinbaum, la pincelada final al “Plan C” de AMLO
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció a finales de junio su intención de impulsar una reforma electoral que, de concretarse en los términos planteados, podría concretar el “Plan C”, una propuesta previamente impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
“La consideraría un Plan C, tenemos un Congreso que es la mayoría prácticamente del partido que está en el poder y entonces no habría algún contrapeso para aprobar la reforma”, destaca Rafael Ramos Córdova, experto en derecho electoral.
El llamado “Plan C”, ideado por AMLO tras el fracaso de dos reformas electorales previas, buscaría impulsar cambios estructurales a la actual configuración del sistema electoral y del Poder Judicial de la Federación (PJF), además de colocar perfiles afines en órganos clave como el Instituto Nacional Electoral (INE).
Con Claudia Sheinbaum en el poder, y con el control del Congreso y el PJF mediante perfiles afines al gobierno, esta estrategia terminará de concretarse.
La actual propuesta retoma elementos clave de los intentos previos del expresidente (“Plan A” y “Plan B”), tales como: reducción de legisladores plurinominales y recortes al financiamiento público de partidos, así como del propio INE; transformación del Instituto en otro organismo y reducción de consejeros.
Sin embargo, a diferencia de las iniciativas anteriores, que enfrentaron bloqueos legislativos y negativas por parte del Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ahora el panorama político es más favorable para la autodenominada “Cuarta Transformación”, lo que permite que esta estrategia tenga mayores probabilidades de éxito.
¿En qué consiste la nueva reforma electoral y qué riesgos encierra?
Pese a que aún no existe un documento oficial de la propuesta, Rafael Ramos explica punto por punto en qué consistiría la nueva reforma y cuáles serían sus repercusiones:
1. Eliminación de los legisladores plurinominales:
La propuesta busca reducir o desaparecer a los legisladores de representación proporcional argumentando que, al no ser electos por la ciudadanía, su legitimidad es menor. No obstante, esta figura fue creada en 1977 por Jesús Reyes Heroles, con el objetivo de dar voz a las minorías en un contexto de hegemonía partidista.
Eliminarla sin una alternativa clara podría reducir la pluralidad política y restar representación a grupos que no ganan en las urnas, pero que forman parte importante del proceso democrático.
2. Reducción del financiamiento a partidos políticos:
Se plantea disminuir los recursos públicos destinados a los partidos, bajo el argumento de que las campañas son excesivamente costosas. Sin embargo, el financiamiento público fue establecido para evitar que intereses privados —como empresarios o grupos ilícitos— influyeran en la política.
Si bien, hacer campañas más austeras es benéfico para las finanzas públicas, la solución es “una fiscalización más amplia de recursos en lugar de reducirlos, porque si no, abres la puerta a otro tipo de actores, a través de otros canales que no van a ser fiscalizados y es más riesgo que benéfico”, advierte Ramos.
3. Disminución del presupuesto del INE:
La reforma también propone recortar recursos al INE, lo que podría poner en riesgo su capacidad operativa. El Instituto ha sido responsable de organizar elecciones incluso en los lugares más remotos del país. A este respecto, el especialista propone considerar el voto electrónico, algo que ya ha sido puesto sobre la mesa, siempre y cuando “se garantice la privacidad de los datos”.
Otros riesgos de la reforma electoral
4. Elección popular de consejeros del INE:
La propuesta de elegir por voto popular a los consejeros electorales genera una gran preocupación, ya que se trata de figuras cuya función técnica y especializada “no responde a criterios de popularidad”, a diferencia de un legislador o un alcalde. Someterlos al voto popular podría generar confusión sobre el perfil y las funciones del cargo, como ya se evidenció en las fallidas elecciones para renovar al Poder Judicial.
5. Sustitución del INE por un nuevo organismo
Finalmente, se ha contemplado rediseñar el INE e incluso, la creación de un nuevo Instituto, como en su momento lo planteó AMLO con el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
Esto plantea riesgos si no se garantiza la autonomía de sus funciones, como sucedía cuando la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones.
“Quien no conoce la historia está condenado a repetirla”
Históricamente, México ha vivido un proceso largo y complejo para alcanzar una pluralidad política y construir instituciones verdaderamente autónomas. Sin embargo, hoy existe la tendencia a recentralizar el poder en el Ejecutivo o en un solo partido político, lo que representa un retroceso en el ámbito electoral, según el experto.
“Las democracias normalmente mueren ante los ojos de todos, paulatinamente y poco a poco”, refiere el experto. De modo que, una sola reforma podría desmantelar lo que costó décadas construir.
Reforma electoral: Inconstitucionalidad y violación de los derechos
Cabe recordar que, en días pasados, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD), junto con actores de la oposición, se manifestaron en contra de la reforma electoral, señalando que “está fuera de toda normalidad constitucional”.
A este respecto, Ramos Córdova refiere que, cuando una reforma afecta derechos fundamentales ya garantizados —como el acceso al voto, la representación de las minorías o la igualdad en las contiendas—puede considerarse inconstitucional.
Es decir, si se reduce el presupuesto al grado de limitar la participación ciudadana, como ya ocurrió en recientes procesos, se vulneran principios básicos. No escuchar a todos los grupos equivale a excluirlos del sistema, y eso contraviene la Constitución, finaliza.
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