La reforma a la Ley Minera que reserva al Estado la exploración, explotación y aprovechamiento del litio generó incertidumbre en las empresas que conforman el sector porque no deja claro qué pasará cuando al realizar sus actividades, las mineras encuentren litio en sus yacimientos.

La principal afectación al sector minero por la reforma es la incertidumbre que genera hacia la inversión del país porque es un cambio drástico y rápido

  expresó Alberto Orozco Garza, presidente del Clúster Minero de Sonora que reúne a más de 200 empresas desde hace seis años.

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Orozco Garza sostuvo que el clúster buscará dialogar con la autoridad sobre todo para aclarar cuáles serán las reglas cuando hallen litio, pues los permisos se otorgan para exploración de minerales en general.

“De momento no hay nada publicado al respecto, así que continuaremos la comunicación para clarificar esos procesos”, aseguró

El impacto inicial de la reforma minera es negativo para la inversión hacia el Estado de Sonora que es el principal estado minero del país y donde la empresa Ganfeng Lithium localizó un yacimiento de litio que tiene avanzado.

Ganfeng, la más afectada

Para el entrevistado, la mayor afectación directa será para la minera china Ganfeng.

De acuerdo con Aleida Azamar, especialista en litio, la compañía ya compró casi la totalidad de Bacanora Lithium, quien se ha encargado de la exploración en Sonora.

“Se entiende que habría un control del Estado para este yacimiento, pero no se dice qué mecanismo seguiría, no están las reglas puestas, no se sabe si habría una compensación y también deja incertidumbre sobre nuevas concesiones”, aseguró Alberto Orozco.

El clúster busca que el gobierno considere que la minería es una actividad que requiere certidumbre fiscal y legal a largo plazo, por la naturaleza de sus operaciones.

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Destacó que en Sonora puede haber más yacimientos de litio, pero se requieren los esfuerzos de exploración, como sucedió con Bacanora Lithium dentro de un proceso que lleva varios años.

“Para encontrarlos habría que invertir en exploración, tomar los proyectos y desarrollarlos”, recordó.

Negocio “de alto riesgo”

Pese a que la industria minera destaca por su flexibilidad fiscal, la baja inversión de los proyectos y el largo tiempo de las concesiones. Alberto Orozco defendió que la industria está dentro de las jurisdicciones más caras en el mundo para operar.

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En el tema de concesiones- que pueden durar hasta de 100 años- expuso que es un negocio de alto riesgo porque es muy difícil desarrollar un yacimiento y las minas tienen 10 o 50 años de vida.

Además, por cada mil proyectos de exploración, uno tiene posibilidades de llegar a ser una mina.

“Se puede pensar que el costo por hectárea es bajo, pero para que podamos encontrar yacimientos se tienen que hacer concesiones grandes. También hay una obligación de las empresas de invertir un mínimo, que son cantidades altas cada año”, afirmó.

En cuanto al pago de impuestos, Orozco señaló que en el 2020, la aportación del sector minero de Impuesto Sobre la Renta (ISR), pago de derechos mineros y nuevos derechos fue de 30 mil 374 millones de pesos, lo que representó un aumento de 1.2% respecto al 2019, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los derechos mineros equivalen a 7.5% de las ganancias que generan las compañías por mina, y aquellas que producen oro y plata pagan un derecho especial adicional que es de 0.5% sobre las ventas, aunque tengan pérdidas.

El entrevistado concluyó que con las concesiones mineras, el país gana en empleo, impuestos y en tener flujo de riqueza.