El sector empresarial se siente vulnerable ante la Ley de Extinción de Dominio recién aprobada y la legislación para combatir la expedición de facturas falsas que se aproxima, por lo que están pidiendo modificaciones “menores” en ambas legislaciones.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) está a favor de adoptar nuevos mecanismos para erradicar los delitos fiscales, pero teme que la redacción de estos pueda facilitar el uso discrecional por parte de las autoridades, dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente del órgano privado en conferencia de prensa el miércoles.
Sin embargo, existe el riesgo de que sus preocupaciones sean ignoradas por el Congreso de la Unión, debido a que se trata de dos legislaciones impulsadas directamente desde el poder Ejecutivo, dice Gonzalo Sánchez de Tagle, abogado constitucionalista de la Universidad Iberoamericana
“Los empresarios esperan algo que parece improbable. Este gobierno ha demostrado que es capaz de negociar, pero con asuntos que tienen que ver menos con el combate a la corrupción o, en este caso, con la defraudación fiscal”, dice el experto.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la Ley Federal de Extinción de Dominio el 26 de julio, pero el Congreso discutirá las leyes secundarias durante el próximo periodo ordinario de sesiones, que empieza el 1 de septiembre y termina el 15 de diciembre.
El CCE pide apoyo partidario
El CCE manifestó que está de acuerdo con la Ley de extinción de dominio, y que la considera positiva, pero que al mismo tiempo no quiere que pueda ser utilizada de manera facciosa en perjuicio de algún “particular” y que provoque temores a “personas de buena fe”.
Salazar Lomelín espera que en los próximos días el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano presenten nuevas reservas ante la ley, como lo hizo en las semanas pasadas el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“No queremos que una ley buena y adecuada le provoque a ciudadanos de buena fe temores, desconfianza o incertidumbre en el actuar diario de sus actividades económicas y empresariales”, dijo el directivo en conferencia conjunta con la Confederación de Cámaras Industriales, la Asociación de Bancos de México y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.
La Ley de extinción de dominio brinda al Estado mexicano nuevas facultades para el aseguramiento de bienes vinculados a actividades ilícitas como la corrupción, el robo de gasolina, secuestro, delincuencia organizada, delitos contra la salud, trata de personas, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, uso de recursos de procedencia ilícita y extorsión.
Al CCE no le es posible conocer todas las actividades en las que se involucran sus clientes, por lo que le preocupa que en un caso de lavado de dinero, por ejemplo, pueda resultar involucrada o embargada una propiedad hipotecada por algún banco, dijo Carlos Salazar.
Propuestas de la oposición
El 8 de agosto, el PRI presentó una iniciativa de reforma al artículo 22 -que establece la figura de extinción de dominio- para evitar que la Ley permita abusos contra ciudadanos inocentes que puedan derivar en la expropiación de sus bienes.
El documento, que fue propuesto por Dulce María Sauri y Enrique Ochoa, plantea que no se quite a la ciudadanía sus propiedades, hasta que la medida sea dictada por un juez y que no se inicie un proceso de “extinción de dominio” a un ciudadano, hasta que un juez dicte la vinculación a proceso y no a partir de una decisión del Ministerio Público.
Los senadores y diputados del PAN anunciaron el 14 de agosto una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de extinción de dominio que asegure que la venta anticipada de bienes asegurados sea solamente bajo una resolución judicial.
Esta ley faculta a la Fiscalía General de la República (FGR) para tomar medidas cautelares en la inmovilización de acciones, cuentas bancarias, inversiones, bienes inmuebles y termina con el secreto fiscal bancario, cambiario y tributario que impedían obtener información financiera de los imputados.
Con la redacción actual, el Estado podría vender las propiedades incautadas, aún sin contar con una orden judicial y eso se puede prestar para afectar a algún opositor del gobierno, como “herramienta de persecución política”, explica Sánchez de Tagle.
Excesiva, nueva regulación de facturas falsas: CCE
El principal organismo empresarial en México también considera que elevar a delincuencia organizada la emisión de facturas apócrifas es una propuesta fuera de proporción.
A decir del CCE, los términos en los que está planteada la iniciativa del Senado la estrategia para prevenir la compra y venta de facturas falsas resulta excesiva “y puede generar inseguridad para la inversión productiva formal en el país”.
Desde inicios de agosto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha citado a los contribuyentes que, aún por error, dedujeron impuestos con una factura falsa. Estos usuarios deben acercarse a la autoridad fiscal para regularizar su situación y evitar una sanción que puede significarles la cárcel.
No obstante, la iniciativa equipara todas las figuras de defraudación fiscal con delincuencia organizada, lo que implicaría sujetar a los acusados a prisión preventiva de oficio sin derecho a fianza, posibilidad de extinción de dominio y procedimientos extraordinarios de investigación.
“Estos delitos deben ser sancionados penalmente, sin embargo, no se justifica que se haga a través de un régimen excepcional que sólo aplica a delincuentes de alta peligrosidad que ponen en riesgo la seguridad nacional y la existencia misma del Estado”, expresó el sector empresarial”, dijo Salazar Lomelín en representación del sector empresarial nacional.
El SAT estima que la evasión fiscal por el uso de facturas falsas es de al menos 354,000 millones de pesos, lo que equivale a 1.4% del PIB.
En los últimos cinco años, el fisco detectó 8,204 empresas factureras que emitieron casi nueve millones de facturas por alrededor de 1.6 billones de pesos.
