La austeridad republicana promovida por el gobierno federal avanza en el Congreso.

El Senado aprobó este martes en lo general y en lo particular la Ley Federal de Austeridad Republicana impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su campaña electoral.

Con 74 votos a favor y 29 abstenciones, el pleno dio luz verde al dictamen con algunas modificaciones, por lo que fue devuelto a la Cámara de Diputados para su revisión y posterior aprobación.

La ley de Austeridad: El diablo está en los detalles

¿Qué prohíbe la propuesta?

Elimina las pensiones de retiro a expresidentes, distintas de aquellas que da el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Prohíbe la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida, de separación individualizada o colectiva.

Elimina las delegaciones de las dependencias y entidades de la administración federal en el extranjero, salvo las correspondientes a las áreas de seguridad nacional e impartición de justicia. La representación del Estado en el exterior corresponderá únicamente a Relaciones Exteriores.

Cierra el paso a la remodelación de oficinas por cuestiones estéticas o a la compra de mobiliario de lujo.

Prohíbe el gasto excesivo en energía eléctrica, agua, servicios de telefonía fija y móvil, gasolinas e insumos financiados por el erario.

Ningún servidor público podrá disponer de seguridad personal de alguna corporación policiaca, seguridad pública o de las fuerzas armadas, salvo en los casos en la normativa que regule su actividad.

Los funcionarios que se separen de su cargo no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hayan pasado al menos 10 años.

¿Qué limita y busca evitar?

El uso de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado y de los recursos humanos al servicio del mismo.

Busca evitar el engrosamiento del aparato burocrático, la duplicidad de funciones y la generación de percepciones extraordinarias.

Norma además la constitución, extinción y funcionamiento de fideicomisos, fondos o mandatos.

Faculta a las secretarías de Hacienda y de la Función Púbica para que emitan los lineamientos para establecer medidas de austeridad en la compra de vehículos, sistemas de cómputo y servicios generales.