Poca especialización de jueces deja vulnerable al sector de telecomunicaciones
La reforma al Poder Judicial, que derivó en la elección de ministros, jueces y magistrados el pasado 1 de junio, afectará directamente al sector de telecomunicaciones debido a la falta de especialización en la resolución de casos, de acuerdo con especialistas consultados por EL CEO.
Se revolvieron los jueces especializados (…) ya no vamos a tener estos jueces que sabían a ciencia cierta de lo que estaban hablando
señala Gonzalo Rojon, director de análisis en The Competitive Intelligence Unit (The CIU).
Antes de la reforma a las telecomunicaciones promulgada en 2013, cualquier juez —aunque atendiera temas ajenos como la reforma agraria— podía recibir casos sobre el espectro radioeléctrico, lo que generaba complicaciones por la falta de conocimientos técnicos.
Para solucionar esto, dicha reforma creó los Tribunales de Competencia y Telecomunicaciones como órganos especializados, integrados por dos juzgados de distrito y dos tribunales colegiados de circuito, con tres magistrados cada uno, específicamente formados para atender asuntos complejos del sector.
Elección judicial resta especialización
El especialista señala que, con la votación reciente, “ahora no lo vamos a tener, o lo vamos a tener de forma muy debilitada”.
El diseño del proceso electoral hizo posible que los siete jueces y magistrados especializados en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica fueran elegidos exclusivamente por ciudadanos de ocho alcaldías de la Ciudad de México, lo que ha producido críticas.
Gonzalo Rojon advierte que ahora solo queda esperar a que se presente el nuevo borrador de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), aunque todavía no hay claridad sobre cuándo será dado a conocer.
El pasado 28 de junio, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, anunció la posibilidad de que el próximo 9 de junio se convoque a un periodo extraordinario donde se aborde la ley. Sin embargo, señaló que están a la espera de las conclusiones que el Senado derive de los conversatorios realizados en torno a dicha iniciativa en semanas recientes.
Conversatorios en materia de telecomunicaciones
Del 8 al 22 de mayo se realizaron una serie de conversatorios organizados por el Senado de la República, con el objetivo de fomentar la pluralidad en el debate y enriquecer la nueva propuesta.
En este contexto, el senador Javier Corral, coordinador de los trabajos y presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, subrayó que hay avances importantes como el retiro de disposiciones sobre el bloqueo de plataformas digitales que se incluía en el artículo 109.
Además, el legislador precisó que se mantendrá la prohibición de publicidad extranjera, patrocinada o pagada por gobiernos extranjeros, pero con tres excepciones: actividades deportivas, actividades culturales y actividades turísticas.
Temas clave abordados durante las sesiones
Durante los foros, los especialistas coincidieron en que el dictamen original omitía elementos clave como la protección a públicos vulnerables, el derecho de las audiencias y normas claras para contenidos dirigidos a niñas, niños y adolescentes.
Gerardo Soria Gutiérrez, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, expresó que el documento es una “censura simulada”, porque el único ente que tiene el poder de decisión es la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), a cargo de José Merino.
Por su parte, David Pizaña Rito, representante de la Asociación de Internet de México, externó su “preocupación por la incorporación de servicios digitales en una ley diseñada originalmente para telecomunicaciones y radiodifusión”. Por ello, destacó la necesidad de una legislación específica, con reglas que fomenten la protección de datos.
También se incluyó la posición de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), representada por Héctor Alonso Romero, quien defendió la infraestructura pública como medio para cerrar brechas estructurales y garantizar el acceso equitativo a los servicios; el legislador hizo mención de avances como la cobertura del 94.45% de la población, más de 100,000 puntos de wifi gratuito y más de 6,000 torres de telecomunicaciones.
Sin embargo, el experto consultor de Coparmex, Juan de Dios Barba Nava, consideró injusto que las concesiones del Estado tengan privilegio sobre las de particulares, “ya que generan una competencia desleal, además de que violan disposiciones del T-MEC”.
El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, senador José Antonio Álvarez Lima, se comprometió a integrar las voces recogidas y destacó que el dictamen “buscará una legislación incluyente, que respete los derechos humanos, con la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario antes del 30 de junio”.
Preponderancia y creación de un consejo consultivo: puntos cruciales
Gonzalo Rojon afirma que un tema fundamental en la reforma a la ley de telecomunicaciones es la eliminación de la figura preponderante en dicho sector, en el que América Móvil, del empresario Carlos Slim, concentra el 53% de los ingresos totales, lo que incluye servicios móviles, fijos y satelitales. Además, en telefonía móvil, esta misma compañía controla el 56% de las líneas activas.
“Quitar la preponderancia nos haría ir en sentido contrario a lo que hicimos la última década”, señala el especialista. Esto implicaría que dicha empresa dejaría de estar obligada a cumplir con las reglas que ayudan a equilibrar el mercado y se ahogaría aún más la competencia, beneficiando solo al dominante.
Por otra parte, Rojon advierte sobre una de las principales preocupaciones compartidas desde el inicio de la discusión: el riesgo de que decisiones regulatorias clave queden concentradas en una sola persona.
En ese contexto, el especialista hace referencia a la posible creación de un consejo consultivo, que pueda orientar las decisiones de manera imparcial y equilibrada. Esta propuesta, según menciona, fue anunciada en algún momento por José “Pepe” Merino, titular de la ATDT. “Si va a haber un consejo consultivo debería ser vinculante, que estuvieran expertos”, sostiene Rojon.
Impacto económico de la reforma a la ley de telecomunicaciones
De continuar la línea que ha seguido hasta ahora, “la propuesta de reforma a la LFTR generaría afectaciones económicas que ascienden a más de 76,000 millones de pesos al año, 12.6% de los ingresos totales sectoriales”, advierte un informe de The CIU.
El reporte señala que México enfrenta uno de los costos más elevados por el uso del espectro radioeléctrico, pagando hasta un 85% más que el promedio de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Esta situación responde a un enfoque que prioriza la recaudación fiscal inmediata por encima de la eficiencia económica y el crecimiento del sector. Aunque la propuesta de reforma contempla un modelo de descuentos sujeto a compromisos de cobertura, de mantenerse los actuales niveles de cobro, se calcula que los operadores enfrentarán un costo anual de 23,100 millones de pesos.
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