15 de octubre 2020 | 5:02 pm

La organización civil Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia (MUCD) ganó un juicio de amparo contra el Acuerdo presidencial publicado el 11 de mayo que permite legalmente la utilización de las fuerzas armadas en tareas policiales en México, pues acusan de una militarización

De acuerdo con un comunicado publicado este jueves por la organización, el ordenamiento presidencial no garantiza que las acciones del Ejército en cuestiones de seguridad sean reguladas, fiscalizadas, subordinadas y complementarias.

“Un juez de distrito confirma que dicho ordenamiento no cumple con el objetivo de acotar la participación de los militares en tareas policiales, por lo tanto viola la Constitución y los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, explica MUCD.

El fallo abre la posibilidad de sustituir el acuerdo con una regulación completa que abone a la construcción de un México más seguro, más justo y en paz, complementa.

El caso promovido por MUCD tiene el objetivo de prevenir abusos por parte del ejército y recibió el apoyo del juez encargado del caso debido a que el presidente no justificó su uso en labores de seguridad pública.

“El juez consideró que argumentar que la Guardia Nacional se encuentra en construcción no es una justificación suficiente para usar indiscriminadamente a militares y marinos en seguridad pública ni constituye una situación extraordinaria que permita concluir que su participación tendrá objetivos claros, tiempos determinados y lugares de acción específicos”, dijo MUCD.

El 11 de mayo, López Obrador publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que ordena y legaliza las aplicación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública hasta el 12 marzo de 2024.

Desde su publicación, el documento arrojó dudas sobre su funcionalidad para cumplir con el objetivo de hacer que la intervención del Ejército en tareas de seguridad sea extraordinaria.

El Acuerdo sujeta a todas las personas dentro del Estado a la autoridad de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz.

“Por tanto, restringe el derecho o el interés constitucional de las personas previsto en el artículo 129 constitucional, diseñado para garantizar que los ciudadanos no se encuentren sujetos a la jurisdicción o autoridad militar en tiempos de paz”, explica MUCD.

El gobierno de México ha sido condenado varias veces por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones graves a los Derechos Humanos cometidas por el Ejército en el ejercicio de tareas de seguridad pública.