Oaxaca hizo historia este miércoles con la aprobación de reformas que prohíben la venta de comida chatarra para menores en el estado.

Las reformas al Artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes contemplan a alimentos y bebidas azucaradas con alto contenido calórico y pocos nutrientes.

Con 31 votos a favor, la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca prohibió la distribución, donación, regalo, venta y suministro de esos productos a menores de 18 años.

También incluye la prohibición para instalar máquinas expendedoras así como la venta de estos productos en escuelas primarias y secundarias, ya sean públicas o privadas.

La Comisión Permanente de Grupos en Situación de Vulnerabilidad analizó durante un año esta iniciativa, que fue propuesta por la diputada local Magaly López Domínguez.

Esta medida busca disminuir los factores de riesgo en la propagación de enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión en menores debido a que México, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), ocupa el primer lugar en obesidad infantil en el mundo.

Y como tal, la propuesta fue reconocida por Lina Pohl, representante de la FAO en México.

Sin embargo, representantes del sector empresarial de Oaxaca, entre ellos la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), la Cámara Nacional de la Industria Panificadora (Canainpa), la Asociación Nacional De Tiendas De Autoservicio Y Departamentales (ANTAD), Canaco y el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico) se opusieron a la votación de estas reformas, bajo el argumento de que “podría dañar a pequeños comerciantes”.

En un comunicado enviado el jueves por la mañana, el Consejo Coordinador Empresarial afirmó que calificar alimentos como buenos o malos o recurrir a prohibiciones, no es la solución para el problema de salud pública que enfrenta el país.

No es la primera vez que la iniciativa privada se manifiesta y cabildea en contra de estas medidas. En enero de 2020, el Consejo Coordinador Empresarial acusó al gobierno federal de no haber escuchado sus propuestas para la ley de etiquetado que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y será vigente a partir del 1 de diciembre, pues el gobierno federal concedió a las empresas un aplazamiento de dos meses para su aplicación.