México, ¿cerca de consolidar una “Ley Espía”?
Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que el compendio de reformas recién aprobado pueda derivar en la consolidación de una “Ley espía” —como le ha llamado la oposición— , lo cierto es que, en este paquete de 16 leyes, las facultades del gobierno se tornan difusas y la autonomía institucional se diluye.
Este conjunto legislativo incluye siete iniciativas “peligrosas” en materia de seguridad, telecomunicaciones, competencia y búsqueda de personas desaparecidas. Aprobado de manera “exprés” durante el periodo extraordinario de sesiones del 23 de junio al 2 de julio, vulnera derechos fundamentales como la privacidad y la libertad, advierte Marko Cortés, senador del PAN, en entrevista con EL CEO.
Para él, se trata de una hiperconcentración de poder y un hiperpresidencialismo que busca controlar y censurar a los mexicanos.
¿Qué comprenden estas leyes?
La reciente reforma a la Ley General de Población introduce la CURP biométrica obligatoria, que asocia datos como huellas y rostro, y cuya presentación será necesaria para acceder a servicios tanto públicos como privados, incluyendo el acceso a telecomunicaciones e internet.
Esta disposición permite la creación de un registro detallado de la actividad cotidiana de las personas, incluyendo desplazamientos, consumo y hábitos, tanto en el mundo digital como físico. En paralelo, la Ley sobre Desaparición Forzada establece una Plataforma Única de Identidad.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), liderada por “Pepe” Merino, será la dependencia que estará a cargo de dicha plataforma.
Por otra parte, también “se brindan facultades amplias y discrecionales a las autoridades civiles y militares como la Guardia Nacional para el acceso a registros y bases de datos”, advierte José Flores, director interno de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
En este contexto, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia establece un sistema que permite la interconexión de bases de datos entre todas las autoridades de seguridad del país, incluyendo fiscalías, corporaciones policíacas, el Ejército y la Marina.
Además, se prevé que otras dependencias —como la Secretaría de Gobernación, la Unidad de Inteligencia Financiera o el Servicio de Administración Tributaria— puedan integrarse a este sistema.
“Ley espía”: Concentración absoluta del poder y militarización
Desde Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el investigador Ricardo Alvarado advierte que el nuevo paquete de reformas aumenta el poder discrecional del Estado y debilita los mecanismos de rendición de cuentas.
Esto se torna todavía más riesgoso ante la consolidación formal del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cuya existencia se dinamitó en el sexenio pasado con la desaparición del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Además con la disolución de los órganos autónomos, añade, se redujeron los pesos institucionales.
En estos puntos coincide Marko Cortés, quien advierte que “es una ley mordaza, para poder amedrentar y perseguir al ciudadano”.
El senador comenta que, incluso suponiendo que el gobierno no abuse de los poderes adquiridos con las nuevas reformas, existe un riesgo grave de filtración o mal uso de la base de datos biométricos. Planteando que grupos delictivos podrían sobornar a funcionarios o contratar hackers para acceder a información altamente sensible.
Por su parte, José Flores enfatiza que: “Se entrega un cheque en blanco con la sola promesa de que por el carácter moral de quien va a operar este sistema, no va a ser abusado (…) Es terrorífico”.
En este contexto, Ricardo Alvarado recuerda el caso Pegasus. “Es muy difícil creerles que no va a haber espionaje cuando ya hubo casi 500 personas espiadas, y no por Enrique Peña Nieto, sino por Andrés Manuel López Obrador”.
Otros puntos preocupantes del paquete de leyes
Alvarado enfatiza que la “prisa” con la que se aprobó el conjunto de leyes provocó inconsistencias normativas, como en la asignación de funciones entre la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de la Defensa Nacional.
Esta falta de claridad remite a las duplicidades ya observadas en iniciativas como la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Competencia Económica, como reportó EL CEO esta semana. Lo cual constituye “una vulnerabilidad democrática”, según el experto.
Finalmente, José Flores señala que es necesario evaluar si las autoridades cuentan con la capacidad técnica, los recursos presupuestales y la infraestructura adecuados para operar de forma segura y legal el nuevo sistema de datos biométricos y vigilancia masiva.
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