El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, aseguró que existe más de 150 proyectos a futuro que representan alrededor de 40,000 millones de dólares y que están detenidos por la incertidumbre legal que existe en el país.
En la medida que en que la población vaya creciendo, vamos a necesitar más electricidad y los proyectos de infraestructura requieren certidumbre a largo plazo y estabilidad regulatoria, si hay más oferta, bajará el precio, es un principio económico básico
declaró al participar en el Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica.
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Aseguró que invertir en transmisión y distribución permitirá disminuir los altos precios de electricidad en ciertas zonas de México y con ello bajar los subsidios que el Estado otorga al suministro básico y que en 2021 fueron de 70,000 millones de pesos.
“¿Qué más control necesita el Estado cuando independientemente de quién genera y cómo se genera la electricidad, se tiene todo el control de los costos y de la manera de llevarla a los consumidores? ahí está la soberanía señores diputados”, planteó Salazar Lomelín.
Privados crearon mercado oligárquico
Miguel Reyes Hernández, director general de CFEnergía y CFE Internacional, expuso que en el sistema eléctrico se dio un modelo económico oligárquico en donde hay una alianza que expresa una relación sólida entre monopolios de generación y grandes consumidores de electricidad.
Se espantan del monopolio estatal pero nunca hablan del monopolio privado, nunca hablan del control privado enorme que tienen los grandes monopolios que están de estas grandes corporaciones y que no tienen un poder económico local sino global
expresó.
Comentó que los grandes consumidores de electricidad que antes tenían la Comisión Federal de Electricidad (CFE) permitía de manera natural que estas tarifas que pagaban ellos subsidiarán aquellas tarifas de los hogares más pobres.
La mitad de la población de México está en situación de pobreza y cuando la CFE tenía el control del sistema eléctrico porque no participaban empresas privadas, había un sistema progresivo, de impuestos, que permitieron subsidiar a los pequeños consumidores.
“¿Qué es lo que sucede? pues que tenemos defensores de este sistema oligárquico que defiende privilegios, que no paguen el derecho de transmisión, que son subsidiados”, dijo.
Son 75,000 millones de pesos lo que no pagan los privados, pues no asumen respaldo ni transmisión, ni el costo de un concepto nuevo que se llama demanda evitada, acusó.
“Estamos hablando del sistema de privilegios y aquí como en todos lados hay voceros que van a defender ese sistema”, aseguró.
Gobierno acusa, pero no hay denuncias
Salazar Lomelí, quien está a punto de dejar su cargo dentro del CCE, dijo que algunos jugadores políticos han dicho que las empresas han operado ilegalmente siempre, pero hasta al momento ninguna autoridad ha presentado una denuncia o pruebas.
Concluyó que un sistema eléctrico eficiente que combine la rectoría del Estado con el mercado y la inversión privada requiere de una regulación justa e independiente que impida abusos y disminuya pérdidas injustificadas a los participantes.
La reforma debe ayudar a fortalecer las finanzas públicas y los programas sociales, a reducir la pobreza y a hacer a México más competitivo para que la economía crezca, se genere más empleo y haya más bienestar para todos los mexicanos
manifestó.
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— Canal del Congreso (@CanalCongreso) February 2, 2022
