La transparencia fue uno de los ‘talones de Aquiles’ del expresidente Enrique Peña Nieto.
En su último año de gobierno, además de los escándalos en materia de corrupción, la administración que estuvo a su cargo reservó la información de 3,828 archivos que solicitaron los mexicanos.
Es decir, 2.14% del total de las peticiones de datos y documentos en posesión del gobierno fueron negados supuestamente por las siguientes razones:
-Comprometer la seguridad nacional
-Ser de carácter “confidencial”
-Obstruir la persecución de delitos o por contener algunas de las 13 características que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
No sólo fue eso.
Una revisión a las estadísticas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), mostró que las dependencias y organismos del sexenio peñanietista registraron “retrasos” en sus procedimientos de respuesta.
El 26% de las 178,852 solicitudes de información que se ingresaron en 2018 fueron respondidas fuera del plazo máximo que se establece en la ley -que es de 20 días-.
Además, según cálculos basados en las cifras que ofrece el INAI, el 8% de las solicitudes de información no se atendieron de manera “oportuna” en el año.
Estos números podrían incrementarse, pues la información únicamente comprende el periodo de enero a octubre del 2018.
Los más opacos
El jueves, tras la resolución de un recurso de revisión, el periódico El Sol de México tuvo acceso al video no editado que muestra el momento en que el candidato del PRI a la presidencia de la República en las elecciones de 1994, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana.
El documento se había reservado por 24 años, y no fue sino hasta octubre del año pasado que el pleno del INAI resolvió hacerlo público, pese a la insistencia de la Procuraduría General de la República (PGR) por mantenerlo en privado.
La clasificación de la información como “reservada” es un mecanismo que establece la ley mediante el cual las dependencias e instituciones de la administración pública determinan que la información en su posesión no puede ser pública por los probables daños que su contenido podría ocasionar.
Según dicta el artículo 99 de la ley federal, los documentos pueden ser guardados bajo llave por un periodo de cinco hasta 10 años. Sin embargo, el detalle está en que el criterio de clasificación es determinado por la institución que posee la información.
Los datos de este año muestran que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue el sujeto obligado que más información clasificó, al negar 794 solicitudes de información.
En el top ten de las instituciones de gobierno que más utilizaron el criterio de reserva o confidencialidad de la información queda de la siguiente manera:
Aunque la Procuraduría General de la República (PGR) fue incluida en el listado de las que utilizaron más el criterio, no es público el dato del número de reservas.
¿Qué información se puso bajo llave?
Algunos ejemplos de la información que resguardó el IMSS fue el total del inventario médico y de laboratorio, el Proyecto del IMSS para la construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Nuevo León y datos sobre la operación de la red de internet de la institución.
De la CFE destaca la reserva de planes de proyectos autorizados, estudios de impacto social, copias de contratos firmados con privadas, relacionados con proyectos clave en la institución.
En algunos casos, expedientes reservados no son claros; por ejemplo, en la página de transparencia de la PGR, la información no está disponible pese a ser un dato obligado por ley.
También existen documentos clasificados con información clave en casos más graves, por ejemplo, el de corrupción de Odebrecht o del espionaje a activistas y periodistas a través del software Pegasus.
En abril de 2017, los documentos que mostraban el avance de la investigación del caso Odebrecht fueron negados por la PGR al argumentar, se trata de información que pueden conocer únicamente la víctima y el imputado.
En ese mismo año, la Procuraduría General de la República también clasificó el contrato para la adquisición del software espía y su anexo técnico.
Con la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador, organizaciones de la sociedad civil esperan que la información de este tipo de casos sea pública y que se fomente una política de transparencia y rendición de cuentas.
El presidente ya prometió que sobre el caso Odebrecht están a favor de la transparencia y que se den todos los informes. “Debe de haber transparencia por completo (…) No somos tapadera de nadie”, dijo durante su conferencia de prensa matutina.
