El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una tregua en el conflicto entre el gobierno y las empresas de infraestructura energética por el tema de los gasoductos.
Mi propuesta es que haya una especie de tregua en el proceso judicial sin que nadie pierda sus derechos para que se busque un acuerdo. Si no hay ese acuerdo se continúa con el proceso legal,
declaró el mandatario en su conferencia matutina.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) inició demandas preliminares de arbitraje internacional para eliminar cláusulas en contratos firmados durante el sexenio pasado por considerarlas abusivas.
Los contratos están vinculados al servicio de transporte de gas para las plantas generadoras de energía de la CFE, y los gasoductos involucrados son siete.
“Son contratos por 80,000 millones de dólares y se si se aceptan como están originalmente implicaría pagar tarifas muy altas. La CFE utilizará ese gas para la generación de energía eléctrica y si son caras las tarifas implicaría aumentar los costos de la energía eléctrica. Por eso no es cualquier asunto”, argumentó el mandatario este miércoles.
López Obrador detalló que como parte de la tregua se estableció una mesa de diálogo para evitar un diferendo legal.
Expuso que el encuentro participarán como observadores el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, y el líder del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del Valle.
Además, estarán un representante de todas las empresas implicadas, el secretario particular de presidencia, Alejandro Esquer, y el director de la CFE, Manuel Bartlett.
Esperemos que se llegue a un acuerdo porque sostenemos que es mejor llegar a un acuerdo que irnos a un pleito que nos puede llevar mucho tiempo. Si no hay el acuerdo pues entonces queda la vía legal,
dijo el mandatario.
La eléctrica nacional notificó de las demandas preliminares de arbitraje a IMG, una sociedad entre IEnova (filial de la estadounidense Sempra Energy) y la canadiense TC-Energy, así como a Grupo Carso, Fermaca, Gasoducto de Aguaprieta y Transportadora de gas natural de la Huasteca.
El martes en conferencia de prensa, Bartlett declaró que las empresas fueron las que primero recurrieron al arbitraje, aunque más adelante IEnova emitió un comunicado donde rechazó que haya iniciado un proceso recientemente.
También se informó que desde este lunes la CFE inició una ronda de negociaciones con las empresas de infraestructura energética.
El procedimiento de arbitraje está establecido en este tipo de contratos y es una de las opciones de conciliación en casos de desacuerdo.
Los gasoductos involucrados son:
- Gasoducto trayecto Sur de Texas-Tuxpan
- Gasoducto trayecto Guaymas–el Oro
- Gasoducto trayecto Samalayuca–Sásabe
- Gasoducto trayecto Tula–Villa de Reyes
- Gasoducto trayecto Tuxpan–Tula
- Gasoducto trayecto Villa de Reyes–Aguascalientes
- Gasoducto trayecto La Laguna–Aguascalientes
Ayer por la tarde, Carlos Salazar declaró que el ducto Sur de Texas-Tuxpan incrementará la capacidad de uso de gas en 40%, lo que implicaría un energético más barato para producir electricidad, que haya gas para que las empresas puedan operar y trabajar, así como gas para el sector privado.
“(Esperemos que) no tengamos que llegar a un diferendo legal, encontremos una conciliación y al final que esa sea la solución a este problema”, expresó tras reunirse con el mandatario en Palacio Nacional, donde se propuso la mesa de diálogo.
López Obrador han insistido que los contratos tal como se firmaron perjudicarán a las finanzas públicas y que los gasoductos no están siendo explotados para beneficio del país.
Afirmó este miércoles además que a “nadie le conviene quedar como prepotente, como abusivo o como corrupto”.
“Una cosa que es el negocio que es leal, legítimo y otra cosa es el lucro, el robo, el afectar los intereses de los ciudadanos, de la nación, porque si ellos tienen razón hay que reconocerlo, como también pedimos nosotros que ellos reconozcan si hay abusos y se puedan reponer las condiciones de los contratos de buena voluntad”, señaló.
A mediados de febrero, López Obrador aseguró que las empresas Carso, IEnova y TransCanadá tenían contratos “leoninos” en materia de gasoductos.
“El gobierno federal tiene que pagar hasta ocho veces más lo contratado; es decir, si el gasoducto tiene un costo de 1,000 millones de dólares, hay que terminar pagando 8,000 millones de dólares de manera inexplicable”, aseveró el presidente.
