El Congreso de la Unión aprobó desaparecer siete de los 11 órganos autónomos que existen en México. Se trata de instituciones que, desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, han limitado el poder presidencial en materia económica y política.
Los órganos autónomos han asumido tareas históricas que han beneficiado a los mexicanos, como garantizar el acceso a la información, generar datos sobre educación y pobreza, limitar el poder monopólico del Estado y los empresarios, entre otras.
Claroscuros de los órganos autónomos
Con la reforma al artículo 28 de la Constitución, por ejemplo, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno reemplazaría al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), aunque aún no queda claro qué pasará con la Plataforma Nacional de Transparencia, que alberga millones de archivos públicos.
Otra propuesta es que la Agencia de Transformación Digital sustituya al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que hasta ahora había regulado a las telecomunicaciones, radiodifusión y la competencia económica.
El CEO realizó una revisión a las contrataciones de estos órganos autónomos, a sus inventarios de bienes muebles, así como a sus auditorías, y detectó que si bien, la mayoría tuvo un gasto cauteloso, también se encontraron algunas acciones atípicas, como comprar sillones de más de 70,000 pesos o camionetas de más de 600,000 pesos.
En otros casos hubo auditorías que desvelan cómo los funcionarios públicos dieron permisos sin que los solicitantes presentarán su documentación completa, o que sus proveedores no estaban cumpliendo con las tareas para las que fueron contratados.
Estos hallazgos muestran los claroscuros en dichas instituciones.
Los sofás del IFT, lo malo de los órganos autónomos
En 2014, el Instituto Federal de Telecomunicaciones declaró como preponderantes al Grupo Carso, en materia de telecomunicaciones, y a Televisa, en radiocomunicación; con ello se logró una serie de medidas para limitar el poder monopólico a estos grupos empresariales.
EL CEO encontró que en 2022, durante la gestión de Javier Juárez Mojica como comisionado presidente, y aunque el IFT ya tenía un menor presupuesto, esta institición gastó más de 2.4 millones de pesos en 35 sofás para sus instalaciones, cada uno con un valor de más de 70,000 pesos.
Ese mismo año, aún durante la pandemia, el IFT también compró 74 sillas de escritorio por más de 2.2 millones de pesos, cada una con un valor superior a los 30 mil pesos.
En abril de 2024, la Dirección General de Autorizaciones y Servicios del IFT recibió recomendaciones del órgano interno de control, porque tramitó 68 solicitudes para el aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico y las redes públicas de telecomunicaciones, pero no se apegó al procedimiento.
El órgano interno de control detectó que dicha dirección no tenía las facturas de los pagos por derechos de aprovechamientos de telecomunicaciones y radiodifusión de al menos en 14 expedientes.
Permisos anormales en la CRE, lo feo de los órganos autónomos
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha mantenido vigilancia en el sector, con la responsabilidad de otorgar o negar permisos relacionados con la infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución de energía eléctrica.
Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le notificó a principios de año que tras una auditoría encontró que en 2022, el personal de la CRE dio 46 permisos sin que los solicitantes entregarán la documentación requerida.
Tras el hallazgo, la ASF pidió al organismo que se realizarán investigaciones y, en su caso, procedimientos administrativos contra los servidores.
Otra auditoría de 2024, realizada por el órgano interno de control de la CRE encontró que la Unidad de Asuntos Jurídicos ha omitido tramitar y resolver procedimientos administrativos de sanción, revocación o incluso la caducidad de los permisos que la institución ha otorgado.
Camionetas en el INAI, lo feo de los órganos autónomos
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha tenido resoluciones históricas para conocer documentos sobre la casa blanca del expresidente Enrique Peña Nieto, el caso Odebrecht, o las empresas fantasma del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
El CEO realizó una búsqueda en sus inventarios de bienes muebles del INAI y encontró que entre 2021 y 2022, cuando su presupuesto había sido mucho menor que otros años, este organismo compró ocho camionetas híbridas, cada una valuada en más de 600 mil pesos.
La medición de CNH
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) ha jugado un papel relevante para regular las extracciones o evitar un disparo en los precios de los energéticos, lo cual impactaría de forma inmediata a los hogares mexicanos.
A pesar de su labor, El CEO halló que en abril de 2024 el órgano interno de la CNH revisó 32 de sus contratos, pero en uno de ellos detectó que el proveedor —que debía medir el aforo de pozos petrolíferos— no estaba cumpliendo con sus obligaciones.
Dicho contrato, por más de 4.5 millones de pesos, fue para el Servicio Integral de Medición de Aforo de Pozos para la Supervisión y Aseguramiento de la Producción de Áreas Contractuales.
Además pidió que la Dirección General de Medición y Comercialización de la Producción de la CNH debía realizar un análisis pormenorizado de las inconsistencias observadas, a fin de evaluar si hay los errores en los datos que se habían recabado.
Además pidió a la Unidad Técnica de Extracción y Supervisión verificar que los proveedores cumplan con la totalidad de obligaciones, y de ser necesario, notificar el incumplimiento.
Lo triste de los órganos
Tras concretarse la reforma constitucional, el Congreso de la Unión tendrá 90 días para publicar las leyes secundarias que den estructura a las nuevas agencias que reemplacen estos siete órganos autónomos.
En el momento que se publique este nuevo marco normativo, desaparecerán por completo los organismos y se desvanecerán sus puestos directivos, y comenzará una etapa de reclutamiento.
En materia de competencia económica, por ejemplo, Vicente Grau, socio de la firma Santamarina y Steta, opinó que los legisladores tienen que pensar en esos reemplazos, y estipular en las leyes secundarias los perfiles técnicos, sobre todo en un contexto de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“El reto será para quienes estén a cargo de esa nueva agencia antimonopolios. Deben ser personas con experiencia, con capacidad en el análisis en materia de competencia económica, porque la materia de competencia económica no es un tema de negociación, no es un tema político. Al final tiene un sustento muy importante en temas económicos y entonces requieres gente muy preparada”, agrega Grau.
Aún hay dudas sobre cómo operarán los sustitutos de los órganos autónomos, pero en su corte de caja el cuestionamiento más recurrente es: ¿El trabajo de regulación, evaluación o la transparencia tendrá un mayor éxito en el futuro ahora que todas las funciones sean asumidas nuevamente por el gobierno?
Con información de Mario Alberto Gámez
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