La propuesta de reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que actualmente se discute en el Senado, otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) la facultad de crear un registro de usuarios de telefonía móvil.
Este registro, que podrá ser consultado por el gobierno, “según los criterios y condiciones que establezca la Agencia”, permitiría incluso suspender líneas de telefonía de manera inmediata, si así lo decide la autoridad correspondiente.
Además, la reforma contempla en el artículo 8 fracción LXV, que la Agencia expida los lineamientos para este registro, el cual quedará bajo la responsabilidad de las empresas concesionarias y, en su caso, autorizadas para prestar el servicio.
La iniciativa no detalla qué implicaría exactamente este “registro de usuarios del servicio móvil”, pero deja abierta la posibilidad de que las autoridades accedan a él, aunque sin especificar con claridad bajo qué circunstancias.
Atentado contra los derechos fundamentales
Según la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), los términos actuales de la ley conllevan riesgos graves para los derechos a la libertad de expresión, la privacidad y la seguridad de las personas, por lo que el Congreso debe actuar con responsabilidad para no aprobar mediante fast track una iniciativa que pueda afectar los derechos humanos de las y los mexicanos.
Hacemos un llamado a que el Senado considere una discusión más amplia e incluyente antes de aprobar la Ley Federal en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para corregir y subsanar la redacción de la iniciativa
señaló R3D.
En este contexto, Miguel Calderón Lelo de Larrea, presidente de la Comisión de Economía Digital de la International Chamber of Commerce México (ICC México), señaló: “En la ley actual hay una obligación del regulador de hacer consultas públicas por cada una de las disposiciones reglamentarias que pretenda sacar y eso se elimina en esta nueva iniciativa”. Lo que deja ver la importancia de la opinión pública en un sector que le afecta de manera directa.
La propuesta recuerda al fallido Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte en 2022. A pesar de este revés, otras iniciativas en trámite, como la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, incluyen propuestas similares y se encuentran pendientes en las Cámara de Diputados.
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