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26 de diciembre 2018 | 5:00 am

Este año, la llegada del nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañada de propuestas de algunos legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido del Trabajo (PT) que afectaron a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

En el camino, los partidos que llevaron al tabasqueño a la presidencia han presentado al menos tres iniciativas de ley y reforma a estatutos legales que se han traducido en pérdidas millonarias para alguno sectores económicos.

Si bien ninguna prosperó y se quedaron en el tintero, dejaron sobre la mesa argumentos encontrados y algunas diferencias al interior de los partidos.

Monreal y las comisiones bancarias

A principios de noviembre, el líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, hizo temblar a la Bolsa Mexicana luego de que presentara una iniciativa para eliminar el cobro de comisiones que los bancos hacen a sus clientes por acciones como consulta de saldos en ventanilla, al depositar cheques, retiro de efectivo, etcétera.

La propuesta de modificar la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y la iniciativa de Ley de Instituciones de Crédito en materia de comisiones bancarias afectaba directamente los ingresos de hasta el 30% total que obtienen los bancos por estas comisiones; la BMV lo resintió con su peor caída desde noviembre de 2016.

La iniciativa de Monreal buscaba eliminar las siguientes comisiones:

-Consulta de saldos en ventanilla

-Operaciones de consulta de saldo

-Retiro en efectivo en cajeros automáticos internos

-No facturar monto mínimo a comercios que hacen uso del producto de terminal de punto de venta

-Reposición de plástico bancario por robo o extravío

-Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos por aclaraciones

-Anualidad de tarjetas de crédito

-Solicitud de estado cuenta de meses anteriores en sucursal y vía telefónica

Tras las pérdidas de hasta 11.9% registradas en el valor de capitalización del Grupo Financiero Banorte, seguido de otros como Inbursa, Banco Santander, Banco del Bajío y BBVA Bancomer, López Obrador manifestó el 9 de noviembre su rechazo a la iniciativa, la cual fue adjudicada a Monreal y no a la bancada morenista, resaltando que respetaría su promesa de campaña de no efectuar modificaciones en materia económica o fiscal los primeros tres años de su gobierno.

Por su parte, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) advirtió que la medida podría generar “efectos contraproducentes”, por lo que exigió al Senado solicitar un análisis técnico al Banco de México, antes de echar a andar la propuesta.

Finalmente, la propuesta se apagó y Monreal no tuvo otra opción más que asegurar que la iniciativa seguiría adelante, aunque matizando que se “abriría a un proceso de consulta a banqueros y cuentahabientes”.

Que las Afores vuelvan al Estado

Una segunda pérdida importante de la Bolsa Mexicana de Valores llegó a finales de noviembre, cuando el diputado del PT, Benjamín Robles Montoya, presentó su iniciativa de Ley General de Pensiones por Retiro y Garantizados por Vejez para que los fondos de  ahorro de retiro vuelvan a un esquema controlado por el Estado, distinto al modelo actual.

La propuesta, publicada el 22 de noviembre en la Gaceta Parlamentaria, ocasionó una caída del 4.2% de la BMV, al contemplar, entre otras consideraciones, que se prohibieran las inversiones de los fondos de ahorro en los mercados accionarios y se privilegiaran el destino de los recursos en empresas productivas del Estado y en banca de desarrollo.

Además, buscaba un esquema tripartito (trabajador, empresa y Estado) en el que se incrementara de 6.5 a 15% el salario base de cotización.

Los puntos principales de las iniciativas:

-El modelo de pensiones estará regido por un sistema único controlado por el Estado

-Las aportaciones de 15% de las pensiones de los trabajadores se dividirían 6% por el trabajador, 6% del patrón y 3% por el Estado

– Una pensión por vejez garantizada para todos los ciudadanos mexicanos que tengan más de 65 años

-Una pensión por retiro para las personas que cumplan 65 años, o para los hombres que lleven 35 años cotizando y 32 años en el caso de las mujeres

Ante las pérdidas por 41,297 millones de pesos del mercado bursátil de empresas como Banorte, Inbursa y Profuturo – tres de las diez Administradoras de Fondos para el Retiro en el país—, Carlos Urzúa, Secretario de Hacienda, y Mario Delgado, líder de la bancada de Morena, rechazaron su apoyo a la propuesta:

“No tiene ni pies ni cabeza”, señaló Urzúa ante medios tres días después de la publicación.

En tanto, Delgado insistió en que a pesar de la coalición de su bancada con el PT, no aprobarían ninguna iniciativa “que genere inestabilidad en los mercados”.

Cimbran a las mineras

Aún no se recuperaban los mercados, cuando el 20 de noviembre la senadora de Morena, Angélica García Arrieta, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Minera, con la que se le otorgaban facultades a la Secretaría de Economía (SE) para retirar las concesiones en zonas inviables de explotación o en conflicto por un impacto social negativo.

La propuesta fue aplaudida por organizaciones de la sociedad civil, como Poder, quienes la calificaron de benéfica por privilegiar los derechos humanos y los estudios de impacto social.

Sin embargo, la propuesta rápidamente se llevó a la congeladora tras las pérdidas por 56,825 millones de pesos en el valor accionario de Peñoles, Grupo México, Autlán y Minera Frisco y el incremento de la incertidumbre del sector financiero.

¿Qué proponía la reforma a la Ley Minera?

-Facultaba al Servicio Geológico Mexicano a realizar estudios de impacto social en las áreas objeto de concesión y de asignación mineras.

-Otorgaba facultades a la Secretaría de Economía para declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo, incluso para cancelar concesiones y asignaciones por este motivo.

-Exigía que cada concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras debería atender  los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar.

-Obligaba  a los titulares de concesiones mineras a destinar un monto para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades en las que realicen sus actividades de exploración, además de rendir un informe anual del impacto social de su lote minero.