La Cámara de Comercio de Estados Unidos advirtió que la regulación a plataformas como Netflix, Amazon Prime y otras para integrar el 30% de contenido nacional a su catálogo genera incertidumbre en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En una carta dirigida al senador Ricardo Monreal Ávila, la Cámara externó su preocupación respecto a que la incertidumbre inhiba los esfuerzos en el T-MEC por parte de los tres gobiernos para poder concretar un nuevo marco comercial de América del Norte.
El requisito de contenido local propuesto violaría tanto la letra como el espíritu del derecho de USMCA (T-MEC), ya que los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá están trabajando para que el acuerdo entre en vigencia
señaló en la misiva Neil Herrington, vicepresidente senior para América de la Cámara.
El documento fechado el 18 de marzo pasado, del que EL CEO tiene una copia, señala que al ser firmes partidarios del Tratado, las disposiciones del estándar de oro sobre el comercio digital “fortalecerán la posición de México como un mercado atractivo y un destino para la inversión”.
La Cámara de Comercio de los Estados Unidos es la federación empresarial más grande del mundo y representa los intereses de más de tres millones de empresas y organizaciones de todos los tamaños, sectores y regiones.
¿Doble IVA a plataformas digitales?
Para la Cámara, la modificación de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) exigiría que se aplique un impuesto al valor agregado a los proveedores no residentes de servicios digitales.
En ese sentido, el organismo expuso que el Congreso mexicano ya resolvió el IVA en el Presupuesto 2020, por lo que los estos proveedores están preparados para recaudar y remitir este impuesto al gobierno mexicano a partir del 1 de junio de 2020.
Para el organismo empresarial, el objetivo de crear oportunidades adicionales para “la vibrante industria creativa de México” en los mercados actuales, los datos y productos de la economía digital son una parte esencial del comercio mundial.
Por ello, instó al Senado a que, en lugar de enfocarse en la regulación que crearía incertidumbre comercial, busque habilitar la innovación y la inversión y equilibrar los objetivos sociales críticos con los beneficios que las plataformas Over The Top (OTT) dan a las personas.
Con un enfoque correcto, México se beneficiaría de un mayor crecimiento económico, creación de empleos, inversión extranjera e innovación, elementos que en un escenario contrario se verían afectados, además de amortiguar la competencia y dañar a los consumidores.
Comercio digital y T-MEC, los afectados
El capítulo 19 del T-MEC, que se centra en la economía digital, podría ser vulnerado por las propuestas del dictamen de Monreal, una de las principales preocupaciones de la Asociación de Latinoamericana de Internet (ALAI).
Específicamente, porque la propuesta de obligar a las plataformas a integrar un 30% de contenido nacional viola el apartado 4 de este artículo que establece que “ninguna parte otorgará un trato menos favorable a un producto digital creado, producido, publicado, contratado, comisionado o primero disponible en términos comerciales en el territorio de otra Parte”.
Este apartado considera también a cualquier producto digital del cual el autor, artista intérprete o ejecutante, productor, desarrollador o propietario es una persona de otra Parte, de lo que otorga a otros productos digitales similares, según el Tratado.
Las regulaciones orientadas a un solo modelo de negocio perjudican a la #EconomíaDigital, por eso es importante conocer como funciona. Aquí nuestra posición, ¡comparte! https://t.co/WeJoMigINh pic.twitter.com/JR3VxChxy1
— ALAI (@alai_lat) March 24, 2020
Asimismo, ALAI refiere que en el artículo 18.4 dentro del capítulo de Telecomunicaciones, si una Parte participa en la regulación directa de servicios de valor agregado, no debería imponer a un proveedor de servicios de valor agregado requisitos aplicables a un proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones.
Sobre todo sin tener la debida consideración de los objetivos legítimos de política pública, la viabilidad técnica de los requisitos y las características de los servicios de valor agregado en cuestión.
El dictamen fue aprobado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda, a la espera de que el IFT emita lineamientos para garantizar el cumplimiento de las disposiciones y, posteriormente, ser votado en el Pleno del Senado.
