Reforma electoral: estas son las fechas clave para su aprobación en el Congreso
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, prevé que el Congreso apruebe la reforma electoral y comience su implementación durante el primer semestre de 2026, a partir de marzo, de cara a las elecciones intermedias y judiciales de 2027.
El legislador de Morena presentó un calendario con fechas tentativas y el plan de trabajo para la discusión y aprobación de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Detalló que en enero el Congreso recibirá la iniciativa y trabajará en el diseño técnico, mientras que la discusión formal iniciará el 1 de febrero, sin necesidad de convocar a un periodo extraordinario.
Hay que recordar que se trata de una reforma constitucional. Se requiere la aprobación del Constituyente Permanente, es decir, de la mitad más uno, cuando menos, de los congresos locales en las entidades federativas. Posteriormente deberán regresarse, realizar el cómputo de constitucionalidad y comenzar con la reforma a nivel secundario en la ley electoral
explicó el legislador zacatecano.
Fechas tentativas
- Enero: reciben propuesta de la presidenta y formulan la iniciativa
- Febrero: Discusión de la reforma electoral en las cámaras de Diputados y Senadores
- Marzo: aprobación de la reforma electoral a nivel federal y estatal
- Marzo-Abril: aprobación de reformas secundarias
- 4 de Abril: nombramiento de tres nuevos consejeros (fecha tentativa)
- Junio: implementación operativa de la reforma
- Julio: diseño normativo
- Septiembre: aprobación del presupuesto con ajustes a las nuevas instituciones electorales
Ajustes presupuestales previstos
Durante una conferencia de prensa, Monreal Ávila señaló que, una vez aprobada por las cámaras de Diputados y Senadores, la reforma deberá ser avalada por al menos 17 congresos locales. Además, se tendrá que ajustar al presupuesto aprobado para 2026, a través de artículos transitorios incluidos en la reforma constitucional.
Con la validación de los congresos estatales, el siguiente paso será la aprobación de las leyes secundarias complementarias, proceso que, estimó, ocurriría entre marzo y abril, aunque podría extenderse hasta mayo o junio mediante un periodo extraordinario.
En ese mismo lapso, la Cámara de Diputados deberá definir la renovación de al menos tres consejeros electorales, ya que en 2026 concluyen su periodo las consejeras Dania Ravel y Beatriz Zavala Pérez, así como el consejero Jaime Rivera Velázquez.
Fotoarte: Mariana FloresCongreso decidirá nombramiento de consejeros electorales
Sobre el nombramiento de nuevos consejeros, Monreal explicó que durante la discusión de la reforma se determinará el mecanismo para elegir a los nuevos integrantes del Consejo General del INE y si estos serán designados bajo el esquema vigente o mediante un nuevo modelo.
De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), el INE debe emitir una convocatoria para cubrir las vacantes, enviar las propuestas al Congreso y que este realice la designación correspondiente. Sin embargo, este procedimiento podría modificarse dependiendo de lo que aprueben los legisladores en la reforma electoral.
Reforma electoral perfila mayor intervención del gobierno
Para Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral, la iniciativa plantea el riesgo de otorgar mayor control al gobierno sobre los procesos electorales, además de la posible desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y de las diputaciones plurinominales, como ha adelantado la presidenta Claudia Sheinbaum.
Por lo que se ha planteado, es una reforma que busca concentrar el control del sistema electoral. Se trata de un modelo que se ha construido desde el federalismo electoral, donde cada entidad cuenta con órganos propios para organizar sus elecciones locales, y una de las propuestas es eliminarlos y concentrar todo en el INE
dijo Espinosa Silis en entrevista con EL CEO.
El especialista consideró que esta reforma, al igual que la judicial, apunta a que el oficialismo tenga un mayor control sobre el sistema electoral del país.
