La ruta de las telecomunicaciones en materia de política pública y conectividad en México se ha quedado ‘huérfana’ tras la salida de Salma Jalife y Abel Hibert del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una administración en la que no hay funcionarios especializados ni estrategia clara.
El desmantelamiento de la Subsecretaría de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) fue el detonador de la salida de Jalife Villalón de la dependencia, quien ostentaba la titularidad de esa división, a la que siguió la silenciosa salida de Hibert Sánchez para migrar a la iniciativa privada.
Pero, ¿hay o no hay conflicto de interés en que Hibert ahora sea vicepresidente adjunto de Asuntos Públicos de AT&T México?
La respuesta está en las funciones que desempeñó incluso como asesor económico, incluso antes de la victoria de López Obrador el 1 de julio de 2018- y en la Ley Federal de Austeridad Republicana.
El perfil de Hibert Sánchez como especialista en el sector de telecomunicaciones se nutrió en buena parte durante su paso por la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), así como por su experiencia en la industria.
De hecho, fue el primero en hablar del proyecto de conectividad universal tras la victoria en las elecciones presidenciales, un plan que calculaba conectar a internet a alrededor de 50 millones de personas.
El artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana detalla que:
Para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público, las personas interesadas se verán obligadas a separarse legalmente de los activos e intereses económicos particulares que estén relacionados con la materia o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas, y que signifiquen un conflicto de interés conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años.
Según la definición de las actividades desempeñadas en un cargo público, Abel Hibert no entra en este supuesto, pues el cargo que ocupó no implicó la supervisión de empresas del sector y tampoco tuvo la facultad de supervisar empresas ni regularlas.
Además, tampoco pudo haber obtenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, aseguró Sandra Rodríguez, abogada especialista en Telecomunicaciones y directora de Jentel.
Es así que no existe una limitante en la ley según el cargo público en el que se desempeñaba, por lo que no hay ningún problema ni ninguna especie de conflicto de interés de que se sume a AT&T, dijo por su parte Jorge Fernando Negrete Pacheco, socio presidente de Digital, Policy & Law.
Esto, a decir del también consejero del IFT, dado que no estuvo en un área regulatoria ni en promoción de política pública, una tarea que le corresponde a la Estrategia Digital Nacional.
Salma Jalife, ¿con límites para la IP?
El 11 de agosto se anunció la desaparición de la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico al frente de Salma Jalife, una división responsable de generar políticas públicas en materia de conectividad que quedó acéfala y sin rumbo, según especialistas en la materia.
De hecho, aunque Jalife se mantuvo al interior de la SCT y en conjunto con las diversas direcciones de telecomunicaciones siguió el eje de trabajo de la desaparecida Subsecretaría, la última vez que tuvo presencia pública sobre el sector, al menos en redes sociales, fue el último día de agosto.
Tras la evidente renuncia de Jalife Villalón, la cuestión es si podría o no haber impedimento para que trabaje en alguna empresa del sector telecomunicaciones, dado que el cargo que ocupaba no entra en el supuesto de la Ley de Austeridad en cuanto a relación regulación regulatoria o información privilegiada.
Sin embargo, en el artículo referido se habla del impedimento para servidores públicos en grupos jerárquicos de mando superior al que se refiere el manual de percepciones, un supuesto en el que sí entra Jalife, señaló Sandra Rodríguez.
Por su parte, Negrete Pacheco recordó que la primera ‘sacudida’ a la dependencia al encargo de Salma Jalife fue la ‘rasurada’ a sus facultades en noviembre pasado, las cuales fueron transferidas a la Estrategia Digital Nacional, liderada por Emiliano Calderón.
Entonces, en su opinión quedó claro que en el tema de política pública en materia digital, la Estrategia Digital sería la responsable, en tanto que a nivel regulatorio y de concesionarios es el IFT, por lo que, en el sentido estrictamente formal y legal, no hay ningún impedimento.
Como parte de los cambios en la SCT, la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico se convirtió en la Coordinación General de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico.
Desde entonces, Carlos Morán Moguel, subsecretario de Transportes de la SCT, fue quien asumió el encargo en materia de telecomunicaciones.
EL CEO solicitó a la SCT la confirmación de la renuncia de Salma Jalife, a lo que la dependencia respondió que no tenían información formal al respecto.
